Sanciones por los incidentes en la primera elección de Scotto

Después de cuatro años, quedaron firmes las sanciones contra tres no docentes que participaron en los incidentes previos a la Asamblea Universitaria que eligió a Carolina Scotto por primera vez para conducir la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Los hechos ocurrieron entre la noche del 15 y la madrugada del 16 de diciembre de 2006, cuando hubo manifestaciones concretas para impedir la reunión del máximo órgano de gobierno universitario.Durante esas horas, hubo enfrentamientos entre quienes defendían la realización de la Asamblea Universitaria y los que querían impedirla.La investigación sumaria encargada a la Dirección de Asuntos Jurídicos identificó a tres no docentes en los disturbios, aunque con distintas responsabilidades.La sanción más dura, con 30 días de suspensión (la máxima según la reglamentación), recayó en Héctor Alberto Vallejos, hermano de Carlos Vallejos, el ex dirigente gremial no docente exonerado de la UNC tras ser condenado por la Justicia Federal por administración fraudulenta de fondos públicos.Según la resolución, publicada en el Digesto de la UNC el 7 de junio pasado, a Vallejos se le probó que arrojó bombas de estruendo y piedras contra la gente que estaba detrás de las vallas en el Pabellón Argentina, aguardando el comienzo de la Asamblea. Pero no se pudo comprobar que fuese el autor de la piedra que provocó un corte la cabeza de un dirigente de Franja Morada. Los otros sancionados fueron Luis Leonardo López, con 15 días, y Carlos Eduardo Guarneri, con 10 días de suspensión. A ambos se les atribuye haber participado de las bataholas que se produjeron en las inmediaciones del Pabellón Argentina. En el caso de Vallejos y López, la UNC pidió primero que se les excluyera de las garantías sindicales, porque en ese momento eran delegados.En tanto, la resolución liberó de culpa a Martín Gabriel Ríos y en cuanto a Daniel Oscar Ojea, la UNC declaró que el sumario se tornó abstracto ya que éste último ya dejó de ser empleado de la UNC.Agotada la vía administrativa, los involucrados podrán apelar a la Justicia Federal.