Que no sea un simple negocio

Una cárcel, según la ley, debe ser un sitio donde los presos sean educados, aprendan oficios, reciban tratamientos psicológicos y psiquiátricos, para que cuando queden en libertad, se resocialicen y no vuelvan al delito. La realidad muestra lo contrario. Los presidios son depósitos de personas, donde los reos casi no tienen tratamiento, no cuentan con educación ni trabajo remunerado suficientes. Son sitios donde impera más violencia y abusos y donde la droga corre como nada.

Durante años, la Penitenciaría, a su vez escenario de graves hechos durante la dictadura, funcionó así. Esto quedó reflejado en los juicios por el trágico motín de 2005. Aquella revuelta, que terminó con ocho muertos, no surgió de la nada, sino que fue producto de años de olvido, de aglomeramiento de reos bajo condiciones infrahumanas, de un Estado que miró para otro lado. La Penitenciaría fue siempre un gran dolor de cabeza para el gobernador José Manuel de la Sota. En parte por el motín; pero también porque se demostró la incapacidad de sus exfuncionarios para prever y evitar el desastre.

Tras el motín, la Penitenciaría quedó devastada y, a pesar de las inversiones, fue arreglada como se pudo. Para descomprimirla, se aceleró la construcción de la Cárcel de Cruz del Eje y se envió a la mitad de los reos allí. Pero tal fue el apuro en terminarla, que se la habilitó con serias falencias edilicias y sin que los talleres funcionaran a pleno.

¿Quién puede oponerse a que la Penitenciaría se cierre? Queda por ver cómo será el nuevo alojamiento para los presos en Bouwer y cuál será el tratamiento que reciban. Y queda por saber qué se hará en ese gigantesco predio, para que redunde en calidad de vida de vecinos y no en un negocio para pocos.