Qué debería tener la nueva Ley de Educación Superior

Por estos días, no hay muchos que estén preocupados por cambiar la actual Ley de Educación Superior (LES). La norma, bien del riñón del pensamiento político imperante en los 90, nunca terminó de imponerse en las casas de estudios, salvo en algunas que se aferraron a su letra y espíritu para arancelar los estudios superiores.El último intento de retocar la vigente LES tiene media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación –propiciada por la legisladora Adriana Puiggrós– y está retenido desde hace varios años en la de Senadores.La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) tomó la iniciativa de preguntarse cuál sería el mejor instrumento normativo para las universidades en esta época. Y hace una semana produjo la primera jornada de debate.Para el rector Francisco Tamarit es indispensable que el nuevo instrumento legal declare a la educación superior como un bien social y garantice que sea un derecho para todos.Su declaración no es antojadiza, pues la actual Ley de Educación Superior fue concebida en un contexto en el que la educación pública superior estaba muy cuestionada y las presiones internacionales empujaban el carro hacia el arancelamiento.Durante el encuentro, esto fue reseñado por Marcelo Ruiz, rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), quien remarcó la lógica de mercado que imperaba en el momento de la confección de la LES, que alejaba la posibilidad de incluir a los sectores más desprotegidos en las universidades.En este punto, otro de los disertantes, Eduardo Sánchez Martínez, exrector de la Universidad Blas Pascal, advirtió que las leyes no transforman la realidad si no están acompañadas por políticas y planes, con asignaciones presupuestarias y con capacidad de gestión.La realidad respalda esta reflexión, si se tiene en cuenta que todavía una gran mayoría de la población (léase: hijos de los sectores más vulnerables) no accede a las universidades públicas y gratuitas, pese a que a las sostiene con el pago de sus impuestos.Sánchez Martínez también metió el dedo en la llaga cuando se refirió a que las universidades deben ejercer "una autonomía responsable", que implique la promoción de la mirada externa y la rendición de cuentas sobre las decisiones adoptadas. Y Juan Pablo Abrate, secretario de Asuntos Académicos de la Facultad de Filosofía (UNC), señaló que las políticas públicas implementadas en la última década terminaron de ampliar los márgenes de la LES. Aunque consideró que es indispensable formalizar en una ley los vientos a favor que soplan en las universidades.