Puro oportunismo

Ubicados en la isla de Borneo, junto a Malasia, los ciudadanos del pequeño sultanato de Brunei disfrutan de educación y salud gratuitas, y de uno de los niveles de vida más altos de Asia. El mérito: estar sentados sobre mares de petróleo y gigantescas burbujas de gas.

Todo muy lindo, siempre y cuando no se les ocurra criticar a Muda Hassanal Bolkiak, el sultán cuya dinastía comanda este territorio desde el siglo XIV. Muda ostenta una de las fortunas más grandes del mundo: 20 mil millones de dólares. Vive en un palacio de 1.500 habitaciones. Tiene gustos excéntricos, como una colección de cinco mil vehículos de lujo, incluidos 165 Rolls Royce.

Entre sus extravagancias, figura una que anunció hace pocos días: la implementación de un nuevo Código Penal basado en la sharia (ley islámica), que contempla la lapidación por "delitos homosexuales" y adulterio; el desmembramiento de extremidades en caso de robo; la pena capital para los blasfemos o los que difamen el nombre de Mahoma, y la flagelación por aborto.

Acá no tendremos lujos a lo Brunei, pero es bueno sentirse tan occidental de vez en cuando. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el Código Penal, aunque a muchos les gustaría ser sultanato.

Cuestión de respeto

Debe haber pocas instancias en el país que se hayan consensuado como se hizo con el proyecto de reforma del Código Penal.

Participaron juristas que representaron a las principales fuerzas políticas, y entre todos elaboraron un proyecto. Arduo, espinoso, pero necesario para suplantar un cuerpo legal ya relleno de normas obsoletas.

Eso no quita que pueda existir un debate, tanto sobre el espíritu como en algunos puntos.

Pero lo que sucedió tras la presentación del proyecto es la mejor prueba de que la decadencia de las instituciones es promovida incluso por quienes dicen defenderlas.

Proyectado en la carrera hacia la presidencia del país, el exkirchnerista, exintendente de Tigre y actual diputado nacional Sergio Massa calificó de mamarracho el proyecto, por “garantista”.

Clásica viveza criolla para azuzar los temores de gran parte de la población, que siente en carne propia la inseguridad.

Detrás de Massa, se encolumnaron opositores y parte del oficialismo, con argumentaciones llenas de prejuicios que desmerecen la tarea de la comisión redactora.

Incluso se llegó a proponer una consulta popular. Esta iniciativa, para votar a conciencia, implicaría que cada ciudadano mayor de edad leyera el Código Penal primero, luego el proyecto del Código reformado, y ­hasta las comparaciones con los cuerpos normativos de otros países.

Desde todo punto de vista, una idea descabellada.

Al haber entrado en el juego político, se pierde la oportunidad de un debate serio, académico, comparativo, técnico, basado en otras normas y experiencias. Que el Código sea más o menos garantista, debiera ser la conclusión de este análisis, no su comienzo. Y sería justo reconocer que gran parte de este trabajo ya fue realizado por los juristas redactores.

Oponerse a todo porque 
sí es entrar en la misma lógica que se le achaca al Gobierno por ejercer el poder bajo la mirada binaria aliado/enemigo.

Oponerse sólo porque la convocatoria partió del Ejecutivo implica ejercer la misma conducta del kirchnerismo, que ve traiciones en cualquier propuesta que no venga su riñón.

Puro oportunismo, la misma lógica. Nadie se interesa mucho por defender a las instituciones.