La Provincia monitorea la Casa del Padre Aguilera

Tras una visita que realizó en junio pasado personal de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia de Córdoba (Senaf) a la sede de la Casa del Padre Aguilera en Unquillo, en medio de una investigación judicial, 20 chicos que estaban allí por órdenes judiciales fueron relocalizados. Igual número seguiría el mismo camino antes de que finalice el año. En la Casa viven, además, muchos otros chicos que están allí junto a sus madres, por propia voluntad de estas.Desde la Senaf confirmaron que 20 de 40 chicos institucionalizados ya fueron relocalizados en otros lugares. Quince de ellos regresaron con sus familias, ya que habían terminado en la Casa por la extrema situación de pobreza en la que vivían. Otras cinco hermanitas, todas discapacitadas, fueron derivadas a otro instituto provincial. "La Senaf busca la desinstitucionalización de todos los chicos que estén en estos hogares por situación de pobreza. Se intenta restablecer los vínculos con sus familias de origen (algunos son de otras provincias) y se apunta a apoyarlos con planes oficiales, como la Asignación Universal por Hijo u otros subsidios estatales", se informó.Sobre si en medio de la investigación judicial la Senaf evaluó intervenir la Casa, desde la Secretaría aseguraron que ellos no pueden realizar esta clase de medidas, que dependen de la Justicia, sino que sólo controlan el financiamiento estatal."La Secretaría no puede intervenir, ya que se trata de instituciones privadas, pero como se financian proyectos, se controlan; la secretaria, Raquel Krawchik, se reunió con todas las organizaciones no gubernamentales que trabajan con niños y les dijo que debían informar a la Senaf de cualquier anomalía", se especificó.Se estima que los 20 menores institucionalizados que aún quedan allí alojados abandonarán antes de fin de año este lugar, ya que se está trabajando en restablecer sus vínculos familiares. Palabra de la Casa. Consultado al respecto, el encargado de la Casa, Daniel Malamud, señaló que allí viven más de 300 chicos, entre aquellos que habían sido judicializados y los que están por propia voluntad de sus madres. "Siempre hemos buscado que los chicos vuelvan con sus familias. A esto lo hicimos siempre; no tiene que ver con una situación judicial", apuntó. "A aquellos chicos judicializados y sin cuidados parentales, la Senaf tiene facultades para decidir que salgan", agregó. Para Malamud, la relocalización de estos 40 chicos no se debe a ninguna situación en especial. A partir de junio último, la Legislatura de Córdoba aprobó un cambio de competencias legales: los jueces de Menores en lo Prevencional (es decir, quienes deciden sobre niños que no cometieron delitos) dejaron de tener incidencia en estas causas, que pasaron a la órbita de la Senaf. En casos de amenaza o violación de derechos de los niños, será la Senaf la encargada de decidir qué programas y políticas se aplicarán.