Políticas de Estado vs. quioscos universitarios

Cuando se sancionó la aún vigente –y vapuleada– Ley de Educación Superior, allá por 1995, las universidades nacionales lograron que se las incorpore al texto de la norma como "consultoras privilegiadas" del Estado. Esto significaba que frente a la realización de una obra pública o frente a la implementación de políticas de Estado, las casas de estudios iban a estar en la primera fila para obtener el trabajo, ya sea como asesoras o como autoras del proyecto.En realidad, en el espíritu liberal de esta ley había una tácita definición sobre este punto: el Estado se encargaría de proveer los presupuestos para pagar sueldos y poco más, y el resto de los fondos debía ser una preocupación de las instituciones.La disyuntiva que se planteó entonces –y aún hoy– es si las universidades verdaderamente iban participan como depositarias de la transparencia pública en materia de políticas de Estado o iban a convertirse en "quioscos universitarios" y, por añadidura, en competencia desleal para las empresas o para los colegios profesionales.Como en todos los órdenes de la vida, algunas universidades asumieron con responsabilidad el rol de "consultoría privilegiada" y otras se dedicaron a vender servicios.En este marco, durante la gestión del expresidente Néstor Kirchner se les dio mayor participación a las universidades en la implementación de proyectos estatales. De hecho, en esta época fue cuando tuvo su auge la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Aunque quienes conocen el paño admiten que los resultados no estuvieron acorde a la inversión realizada. Es decir, la sociedad no recibió la transferencia tecnológica que se esperaba. Igual, la idea de que las universidades acompañen el desarrollo de un país sigue siendo la decisión más acertada.