Debate. Polémica en Córdoba por el proyecto de reforma en salud mental impulsada por Milei
Autoridades sanitarias de la Provincia reclamaron que las provincias no fueron consultadas. Qué opinan otros referentes en la materia sobre la iniciativa nacional.
Un intenso debate se está generando en el Senado de la Nación a partir de la presentación de un anteproyecto que busca modificar la ley nacional de salud mental sancionada en 2010.
La discusión –que se lleva adelante en comisiones– se encuentra polarizada.
La mayoría de los expositores admiten que existen falencias para atender problemáticas de salud mental (sobre todo, en casos de crisis agudas o graves). Sin embargo, hay quienes sostienen que la norma actual debe ser actualizada mientras que otros califican como “retroceso” las modificaciones impulsadas por el oficialismo.
“Las provincias no fuimos consultadas. El Gobierno nacional eliminó la instancia formal que teníamos para reunirnos en el Consejo Federal de Salud Mental. Ahora, 19 jurisdicciones nos seguimos juntando, pero por decisión propia”, cuestionó María Pía Guidetti, secretaria de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud provincial de Córdoba..
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Los principales puntos de la reforma
Voceros del Ministerio de Salud de la Nación explicaron a La Voz que el anteproyecto busca “proteger a pacientes y terceros frente a situaciones que hoy no encuentran adecuado encuadre”. Además, plantearon que intenta “superar limitaciones para abordar casos de riesgo y emergencia”.
Informaron que el texto –enviado al Senado el 17 de abril de este año– fue elaborado con el aporte de familiares, pacientes, profesionales de salud mental, así como referentes del ámbito judicial y legislativo. “Se detectaron dificultades concretas en la práctica diaria y un acceso desigual en las provincias con menores recursos”, agregaron.
Uno de los puntos más sensibles es el nuevo impulso que el anteproyecto busca dar a los hospitales “monovalentes”, como se conoce a las instituciones especializadas en salud mental. Con la ley 26.657, sancionada en 2010, distintas provincias –incluida Córdoba– promovió que este tipo de internaciones se hagan en hospitales generales (y no monovalentes), para evitar el estigma y la discriminación.
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Guidetti informó que en Córdoba se abrieron unidades de internación especiales, con guardias permanentes, en los hospitales Tránsito Cáceres de Allende, Misericordia, San Roque nuevo y hospital de Niños. En el interior enumeró los hospitales Domingo Funes (en Punilla), Río Cuarto, Bell Ville y Cruz del Eje.
“Todos tienen guardias activas monitoreadas con un psiquiatra y también instalaciones adecuadas desde la bioseguridad”, indicó.
En cambio, el anteproyecto del oficialismo busca fortalecer los centros especializados en salud mental, bajo el comando de un psiquiatra, en la internación de casos graves, como un intento de suicidio o una alucinación por consumo de drogas.
Liliana González, directora de Abordaje Integral de Salud Mental del Ministerio de Salud de la Nación, consideró: “Las internaciones deben ser breves, pero realizados por equipos competentes”.
González remarcó que no todos los hospitales generales tienen infraestructura, personal capacitado y condiciones de seguridad para asistir crisis agudas en salud mental: “En lugar de cerrar instituciones, proponemos fortalecer una red de atención en salud mental según niveles de complejidad”.
Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, hoy existen 30 hospitales monovalentes públicos y 139 privados “lo que evidencia la necesidad de sostener la internación especializada”.
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La modificación propone reemplazar el término “padecimiento mental” por el de “trastorno mental o del comportamiento” para adoptar la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE 11) y evitar las dudas diagnósticas.
Incorpora cambios en la calificación de riesgo inminente y en las internaciones involuntarias.
Rechazo de la Provincia
Liliana Montero, secretaria General de Salud y Desarrollo Humano de Córdoba, se manifestó en contra de las modificaciones que impulsa el gobierno nacional. Consideró que los cambios generarán un retroceso en los avances logrados a partir de 2010, cuando se sancionó la actual ley nacional de salud mental, a la que Córdoba adhirió.
“Pasamos de un paradigma de encierro a uno que protege los derechos humanos. Cambiamos el enfoque para estar a tono con las convenciones internacionales, los tratamientos comunitarios y la interdisciplina”, indicó Montero.
La funcionaria agregó que la ley vigente tiene en cuenta a todas las personas que sufren padecimientos psíquicos. “Si hablamos de trastornos, lo reducimos a un diagnóstico estructural, casi de manual. Quedan afuera muchas problemáticas y el problema se separa de la comunidad, donde tiene que estar la primera respuesta a su sufrimiento”, sostuvo.
Montero coincidió en que existe hoy un aumento en la cantidad de personas que sufren padecimientos mentales, agudizado por la pandemia, y por consumos problemáticos. Y reconoció que esa demanda no logró ser contenida por los dispositivos intermedios que plantea la ley, como las casas de medio camino. “La virtud que tenía esa ley es la deuda que hoy acarreamos”, apuntó.
“Tenemos guardias saturadas por estas problemáticas, familias que se quedan solas porque no saben qué hacer y equipos que trabajan al límite de sus posibilidades. Frente a esa complejidad, en lugar de sostener la interdisciplina y responder con mayores recursos, el anteproyecto propone achicar el campo de acción y psiquiatrizar”, consideró.
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En la misma línea, Guidetti reconoció que se avanzó en crear unidades de internaciones en hospitales generales, pero aún falta un avance en los dispositivos intermedios.
La secretaria de Salud Mental se manifestó en contra del anteproyecto: “La reforma parte de una premisa falsa. Hoy el 70% de las personas se interna en forma involuntaria. La valoración y la determinación de un riesgo cierto o inminente para la persona o para un tercero es potestad del equipo de salud".
Guidetti aclaró que estas problemáticas son multifactoriales, que las internaciones son el último recurso y que las personas no siempre cuentan con el apoyo de su comunidad. Sostuvo que el abordaje debe ser interdisciplinario y que todos los hospitales cuentan con una guardia pasiva para evaluar de acuerdo con el riesgo cierto o inminente.
Falta de equipos especializados
Ricardo Corral, presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatras, consideró que en el país existen alrededor de tres millones de personas con enfermedades mentales. De ellas, un grupo necesita atención de urgencia “porque dejaron el tratamiento o porque se descompensaron por primera vez”.
En esos casos, se requiere de un equipo especializado de salud mental. La demanda no puede ser atendida en una guardia común, porque pueden tener una excitación psicomotriz o un intento de suicidio que requiere de luces tenues e infraestructura adecuada, consideró, por ejemplo.
Corral hizo una analogía con los pacientes que sufren una enfermedad cardiovascular. “Si alguien tiene un evento agudo, como un infarto de miocardio, se requiere personal especializado y una unidad coronaria. A nadie se le ocurriría tratar un infarto en una guardia común de un hospital general. Lo mismo pasa con la persona que se descompensa por una enfermedad mental: necesita un lugar especializado en psiquiatría”, indicó a La Voz.
Para el especialista y miembro del hospital Borda de Buenos Aires, el abordaje es simple, pero se complica cuando existen “ideas dogmáticas, con un sesgo”. “Creo que lo complican innecesariamente porque nunca se han enfrentado a situaciones como éstas”, agregó Corral, quien expuso en el Senado el pasado 20 de mayo.
El especialista aseguró que la mayoría de los médicos de las guardias comunes piden derivaciones a hospitales especializados porque no saben cómo abordar a pacientes con crisis agudas. Consideró que el debate de la ley anterior partió de una premisa falsa, al considerar "manicomios" a los hospitales monovalentes: "Nunca fueron manicomios y las internaciones son siempre por un tiempo corto y determinado".
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Un escenario diferente
Mariela Roldán, presidenta de la Asociación de Psiquiatras de Córdoba, señaló que la ley nacional de Salud Mental significó un avance en materia de derechos y en el fortalecimiento del abordaje comunitario, especialmente para personas con padecimientos mentales crónicos y estabilidad clínica.
La especialista destacó que los hospitales generales son fundamentales porque permiten evaluar tanto el estado de salud física como el padecimiento mental, algo especialmente importante en situaciones agudas donde pueden coexistir problemas médicos que requieren diagnóstico y tratamiento. Además, constituyen la puerta de entrada para la atención inicial de las urgencias.
Sin embargo, advirtió que persisten dificultades para responder a situaciones de alta complejidad, como crisis psiquiátricas graves, episodios psicóticos agudos, cuadros severos de abstinencia y conductas suicidas, que en algunos casos requieren períodos de estabilización psiquiátrica antes de continuar el tratamiento en la comunidad.
“Muchas veces las personas llegan en estados de intensa excitación psicomotriz o con un nivel de desorganización que exige intervenciones complejas. No todas las guardias están preparadas para abordar estas situaciones de manera adecuada”, explicó.
Para Roldán, el debate no se limita a una cuestión presupuestaria. “También es necesario analizar si la organización actual de la red asistencial logra dar respuesta a todas las necesidades de salud mental. Hay situaciones agudas que requieren espacios de estabilización y equipos con formación específica integrados dentro de una red de atención continua”.
La especialista aclaró que los hospitales especializados actuales no responden a la lógica de los antiguos manicomios, sino que son dispositivos destinados a la atención de cuadros agudos durante períodos acotados.
Finalmente, remarcó que el desafío no es elegir entre dispositivos comunitarios o especializados, sino fortalecer una red integrada que contemple ambos niveles de atención según las necesidades de cada paciente.
Cómo sigue el debate
El anteproyecto se seguirá debatiendo en comisión, con la participación de más especialistas y técnicos en la materia.
