Para muestra, una investigación judicial

El jueves de la semana pasada hubo un allanamiento ordenado por la Fiscalía Anticorrupción en Crese (Córdoba Recicla Sociedad del Estado), la estructura residual de lo que fue la megaempresa municipal de la basura, privatizada por Ramón Mestre en 2012. Ante la consulta periodística, las primeras respuestas desde esa empresa y desde el propio municipio indicaban que el allanamiento estaba vinculado a una causa surgida de una "interna gremial".Un equipo periodístico de este diario indagó en esa causa judicial y recolectó numerosos testimonios de personas que están vinculadas, o lo estuvieron, con el "mundo de la basura". Hoy dedicamos el Primer Plano a ese expediente y a sus protagonistas, que son representativos del enorme poder que ostenta el Sindicato Único de Recolectores de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac).Se trata del esquema de poder que dominó a Crese durante años y que –según revelan los testimonios– tiende a replicarse idéntico en las nuevas estructuras creadas por Mestre en relación con los residuos urbanos: la sociedad intermunicipal Cormecor y el Ente de Servicios y Obras Públicas (Esop).Es cierto que hay una interna gremial en el medio de todo esto: la encarnizada pelea entre Mauricio Saillen, el titular del Surrbac, y la Federación de Camioneros, de Hugo Moyano, entidad de la que se escindieron los recolectores cordobeses. Pero lo que nos interesa es poner la lupa sobre el modo en que se manejan estas empresas, que se llevan parte de los más de dos mil millones de pesos anuales que van a basura. La investigación judicial contribuye en esa tarea. También ayuda a intuir las razones por las que una ciudad –que cada vez gasta más en barrer, en recolectar y en tratar la basura, que cada vez crea y contrata más empresas a esos fines y que cada vez paga más salarios de directivos y gerentes para las mismas funciones vinculadas a los residuos– está cada vez más sucia.