"No vendría mal que se cree un registro de empleadores"
Lo dice Alcira Burgos, titular del Sindicato del Personal de Casas de Familia. Piensa que la falta de personal doméstico se relaciona con lo poco que se le paga. Reclama la ley.
Alcira Burgos, apoderada del Sindicato del Personal de Casa de Familia de Córdoba (Sinpecaf), opinó que "las supuestas dificultades que las empleadoras encuentran a la hora de contratar personal" para el servicio doméstico tienen como causa principal la "idea generalizada socialmente" de que quienes se desempeñan en ese sector laboral son "ciudadanas de segunda y sólo tienen derecho a cobrar los que los patrones dicen". Además, se anima a proponer la creación de "un registro de empleadores" de personal de casas de familia, para facilitar las inspecciones laborales domiciliarias y registrar a los incumplidores que no pagan o maltratan.En una nota publicada en nuestra edición de ayer, intermediarios y empleadores opinaron sobre la aparente desproporción que existiría entre la demanda y la oferta de trabajo en este terreno. Lo atribuyen a la creencia errónea de que la regularización impediría que una trabajadora reciba un plan social, al aislamiento en algunos sectores urbanos y a nuevas alternativas ocupacionales que surgieron en los últimos años, entre otras causas.Alcira tiene su explicación: "Sarita describía la situación de una manera muy clara: nuestra sociedad es capitalista, cristiana, burguesa, explotadora y le gusta ser servida gratis", planteó. La dirigente se refería a María Sara Astiazarán, fundadora y primera secretaria general del Sinpecaf.Desde esa institución sindical, se reclama desde hace tiempo la sanción, sin más demoras, de la ley de servicio doméstico que ingresó al Congreso Nacional hace más de dos años. Demora. El 8 de marzo de 2010, el Ejecutivo envió un proyecto en ese sentido al Parlamento argentino. La iniciativa pasó el trámite en Diputados pero el debate está trabado en el Senado. "Recuerdo que en la discusión en el recinto, un diputado salteño se preguntó qué iba a pasar con la clase media argentina si nos reconocían tantos derechos", lamentó. El proyecto, que busca modificar el estatuto que rige desde 1956, contempla a todas las empleadas domésticas, independientemente de la cantidad de horas que trabajen. Asimismo, plantea que en el caso de empleadas cama adentro o por hora, la jornada de trabajo no deberá exceder las ocho horas diarias o 48 semanales. Además, fija vacaciones de entre 14 y 35 días corridos, según la antigüedad; incorpora una licencia paga por enfermedad (de entre tres y seis meses, cuando la antigüedad sea mayor a cinco años) y licencias especiales (por nacimiento de hijo, matrimonio, fallecimiento del cónyuge, de hijos, de padres o de hermano o para rendir examen). También contempla una licencia por embarazo paga por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), incrementa la indemnización por despido de medio sueldo a uno entero por año trabajado y exige la contratación de una ART por parte del empleador. Capacitación. Burgos coincidió en la necesidad de capacitar a quienes presten servicios en casa de familia, como propone Leandra Mengo, propietaria de Domesticenter, una agencia colocadora de personal en casas de familia. "Es necesario que nos capacitemos, pero una vez que nuestros derechos estén reconocidos por ley", planteó. Asimismo, se mostró contraria al funcionamiento de las agencias de empleo: "Casi todas son fantasmas y lucran con nuestro trabajo", fundamentó. Puso como ejemplo una empresa contra cuyo titular el Sinpecaf tiene abierto un expediente en el Ministerio de Trabajo, desde 2005. "Sucede, a menudo, que estos intermediarios le cobran la comisión al empleador pero se desentiende que éste le pague a la trabajadora o la trate como corresponde", se quejó.Apuntó que este tipo de abuso o la explotación laboral de las trabajadoras "se da mucho en los countries , departamentos de categoría y en los barrios 'caté", situación que cuesta demostrar porque los inspectores del Ministerio de Trabajo no tienen facultades para realizar procedimientos en propiedades privadas. "No vendría mal que se cree en registro de empleadores" de personal, concluye.
Las claves
Cuántas. El Sinpecaf calcula que en Córdoba trabajan unas 70 mil mujeres en casas de familia. Y que sólo el 15 por ciento, aproximadamente, lo hace en "blanco".
Consultas. Desde marzo de 2011 a marzo de este año, el sindicato atendió 8.800 consultas personales y 3.200 telefónicas de empleadas que prestan servicios domésticos. Un 20 por ciento del total correspondió a trabajadoras extranjeras, la mayoría de ellas de nacionalidad peruana.

