No debe ser una discusión electoral

Debatir sobre la responsabilidad penal de los jóvenes es un tema pendiente que requiere de un tratamiento profundo, serio, que analice la complejidad de los comportamientos sociales, institucionales y legales en nuestro país. Reducirlo a la edad de imputabilidad de los adolescentes nos hace caer en varios errores. Los datos objetivos nos muestran que la mayoría de los chicos menores de 16 años que cometen delitos no son autores de homicidios o delitos graves contra la propiedad o la integridad física. También que no es verdad que "entran por una puerta y salen por la otra", muchos cumplen sanciones privados de su libertad y bajo la tutela de un juez o el Estado.Por otra parte, asociar el delito cometido por adolescentes con la creciente inseguridad que preocupa a la población y pretender que se solucione encerrando cada vez más chicos, es no asumir el verdadero problema y, por ende, las soluciones eficientes. Es necesario discutir y sancionar una ley de responsabilidad penal juvenil que aporte procedimientos y parámetros objetivos para la actuación de las instituciones y garantice los derechos consagrados constitucionalmente, como la defensa en juicio y la presunción de inocencia del infractor, y a que se repare el daño causado a la victima en la medida de lo posible. Discutir las penas. Hay que garantizar el debido proceso, discutir el tipo de penas en comparación a los adultos, pensar y replantear el tipo de oportunidades que como sociedad estamos dando a nuestros jóvenes, reflexionar sobre los modos cada vez más violentos que tenemos de vincularnos al margen de las edades, pensar en qué acciones pueden contribuir al fortalecimiento de procesos sociales integradores. Todo eso y mucho más es lo que necesitamos discutir para avanzar hacia una sociedad que pueda convivir en paz. Y eso no es posible en la urgencia, eso no es posible si no se asume como debate de una política pública entre todos los sectores involucrados, y no como una discusión con ganancia electoral.