Concejo. Naranjitas en Córdoba: el oficialismo busca aprobar este jueves los cambios en el estacionamiento controlado
El proyecto elimina el cobro en efectivo, fija tarifas atadas a la nafta Premium, define zonas autorizadas y crea la figura de los constatadores. El despacho tiene apoyo del oficialismo, de Graciela Villata y de Gabriel Huespe.
El Concejo Deliberante de Córdoba tratará este jueves el proyecto de ordenanza que modifica el sistema de estacionamiento controlado y redefine la actividad de los cuidacoches, conocidos como "naranjitas", en la ciudad.
El oficialismo buscará aprobar una reforma que se alinea con los cambios recientes en el Código de Convivencia Provincial, que prohibió la actividad de cuidacoches y limpiavidrios, salvo que, en el caso de los cuidacoches, estén autorizados por el municipio.
La iniciativa modifica la ordenanza 10.425, vigente desde 2001, y establece un nuevo esquema para el estacionamiento medido y controlado. El cambio más visible para los vecinos será que ya no se podrá pagar en efectivo en la vía pública: el cobro deberá hacerse mediante una aplicación municipal, código QR o los medios digitales que defina la autoridad de aplicación.
El despacho llega al recinto con la firma del bloque oficialista Hacemos Unidos, de Graciela Villata, del Frente Cívico, y de Gabriel Huespe, del bloque Ciudadanos. En la Unión Cívica Radical (UCR), la posición mayoritaria sería votar en contra, con seis concejales en esa postura, mientras que otros dos ediles acompañarían el proyecto en general.
Cómo será el nuevo sistema
El nuevo régimen prevé que el estacionamiento controlado podrá aplicarse a automotores y a motovehículos en todo el ejido municipal. Sin embargo, las zonas concretas donde se cobrará serán definidas por la Municipalidad, que deberá establecerlas por vía reglamentaria.
El horario general de funcionamiento será de lunes a viernes, de 8 a 20, y los sábados, de 8 a 14. Fuera de esos días y horarios, además de domingos y feriados, el estacionamiento será gratuito, salvo en eventos de concurrencia masiva.
En esos casos, la Municipalidad determinará las zonas alcanzadas y las cooperativas autorizadas para prestar el servicio. También se aplicará una tarifa diferencial.
El precio ordinario será equivalente al 60% del valor de un litro de nafta de mayor octanaje de YPF en plaza Córdoba. Para eventos masivos, el valor por hora será equivalente al 100% de ese litro de nafta.
El proyecto también cambia el rol de quienes trabajan en el sistema. Los cuidacoches autorizados pasarán a ser denominados “constatadores” y deberán verificar si el conductor inició el estacionamiento digital.
No podrán cobrar dinero en la calle ni fijar precios propios. Si detectan que un vehículo estacionó sin iniciar el pago, deberán dar aviso a la autoridad competente, sin ejercer funciones propias del poder de policía municipal.
La prestación estará a cargo de cooperativas de trabajo autorizadas mediante concesión o permiso del Departamento Ejecutivo municipal. La recaudación se distribuirá en un 80% para esas cooperativas, según el servicio efectivamente prestado, y un 20% para la Municipalidad.
Requisitos y controles
Los constatadores deberán cumplir una serie de requisitos: mayoría de edad, aptitud psicofísica, domicilio en la ciudad de Córdoba, ausencia de empleo registrado vigente, y certificados de antecedentes nacional y provincial. También deberán acreditar que no figuran en el Registro Provincial de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual.
Además, tendrán que usar uniforme oficial, credencial e identificación visible de la cooperativa registrada. La ordenanza prevé capacitaciones en comunicación asertiva, resolución pacífica de conflictos, reanimación cardiopulmonar (RCP), primeros auxilios, seguridad vial, atención al ciudadano, normas de tránsito, uso de herramientas digitales y formación en oficios.
El presidente del bloque Hacemos Unidos, Martín Simonian, defendió la reforma y sostuvo que permitirá ordenar una situación que, según dijo, lleva más de dos décadas fuera de control.
“Con la modificación de la ordenanza del estacionamiento medido en la ciudad, vamos a terminar con 25 años de un descontrol generalizado, una desnaturalización del espíritu que esa ordenanza tuvo”, afirmó.
Simonian sostuvo que la aprobación abrirá una nueva etapa en el tratamiento de la actividad. “Vamos a cerrar un capítulo triste de la ciudad, triste porque se permitió que, bajo el amparo de una actividad legal, participaran delincuentes que, disfrazados de naranjita, extorsionaban o amenazaban a los ciudadanos”, señaló.
El oficialista remarcó que el nuevo esquema buscará dar previsibilidad sobre tres puntos: monto, días y zonas de cobro. “Determinadas esas zonas geográficas por la Municipalidad, el estacionamiento en el resto de la ciudad de Córdoba será libre y gratuito”, aseguró.
También anticipó que el control del sistema tendrá apoyo policial. Según Simonian, la Policía actuará en tareas de disuasión o para detener a quienes persistan en una conducta considerada ilegal.
Críticas de la oposición
Desde el Frente de Izquierda, Cintia Frencia anticipó el rechazo de su bloque. La concejala sostuvo que la ordenanza mantiene “intacto el espíritu represivo” de la reforma provincial y cuestionó que se avance sobre personas que trabajan en la calle en un contexto de crisis social.
“Se busca penalizar, perseguir y hasta encarcelar a personas que sólo intentan llevar un plato de comida a su casa, en medio de una crisis social sin precedentes, con un crecimiento exponencial de la desocupación, la precarización y el hambre”, afirmó Frencia.
La edil también cuestionó el impacto económico sobre los vecinos. Según dijo, la ordenanza implica “un nuevo impuestazo”, porque extiende la zona con estacionamiento pago y convierte a los naranjitas en trabajadores “superprecarizados” cuya función será recaudar para la Municipalidad.
Frencia sostuvo que el problema de fondo es la falta de empleo. En ese sentido, recordó que su bloque propuso eliminar el Sistema de Estacionamiento Medido Municipal (SEMM), mantener las 100 cuadras asignadas a cooperativas y realizar un relevamiento de las personas que trabajan en la calle para avanzar en una salida laboral.
También, desde el PRO, Soher El Sukaria anticipó su voto en contra. “Mi postura es contraria”, afirmó la concejala, al cuestionar que el proyecto no resuelve el problema de fondo.
Para El Sukaria, la reforma es “un maquillaje para que nada cambie”, porque, según sostuvo, aumenta la cantidad de naranjitas, amplía las zonas alcanzadas por el cobro y eleva los montos que deberán pagar los vecinos. Además, cuestionó que la Policía termine ocupando un rol que, a su entender, debería corresponder al control municipal.
La reforma también incorpora sanciones para quienes ofrezcan servicios de cuidado o estacionamiento sin autorización legal y exijan dinero o especies. Las penas podrán incluir hasta seis días de trabajo comunitario, multas de cinco a 25 unidades económicas municipales o prohibición de concurrir a determinadas zonas.
En eventos masivos, las multas se duplicarán. La sanción dependerá de las circunstancias del caso y de la reincidencia.
