Estacionamiento. Naranjitas en Córdoba: el Concejo aprobó la reforma entre críticas por controles, tarifas y sanciones
La ordenanza se sancionó antes del 26 de mayo, cuando comenzará a regir la prohibición provincial para cuidacoches y limpiavidrios. El debate expuso diferencias por el alcance del control municipal, el pago digital y el rol de las cooperativas.
El Concejo Deliberante de Córdoba aprobó este jueves la ordenanza que modifica el sistema de estacionamiento controlado y redefine la actividad de los cuidacoches, conocidos como naranjitas, en la ciudad.
La sesión estuvo atravesada por cruces entre el oficialismo y la oposición por las tarifas, los controles en la vía pública, el rol de las cooperativas y las sanciones previstas para quienes cobren sin autorización.
La aprobación llegó con el municipio apremiado por los plazos. El 26 de mayo comenzará a regir la reforma del Código de Convivencia Provincial, que prohibió la actividad de cuidacoches y limpiavidrios, salvo que los cuidacoches estén autorizados por cada municipio.
Ahora, el Departamento Ejecutivo debe establecer vía decreto reglamentario cómo se implementará la nueva ordenanza: las zonas del estacionamiento medido, la aplicación que se utilizará y la identificación de los constatadores, entre otras cuestiones.
El proyecto fue impulsado por Hacemos Unidos y contó con el acompañamiento del Frente Cívico y del bloque Ciudadanos. El despacho había llegado al recinto con las firmas de Graciela Villata y Gabriel Huespe, mientras que la mayoría de la Unión Cívica Radical votó en contra y dos concejales radicales acompañaron en general.
También rechazaron la iniciativa el Frente de Izquierda, Cordobeses por la Libertad y el PRO. Los cuestionamientos opositores se concentraron en la delegación de facultades al Ejecutivo, la posible ampliación de zonas de cobro, la continuidad de las cooperativas y la falta de garantías sobre el control en la calle.
Qué dice la ordenanza
La nueva normativa modifica la ordenanza 10.425, vigente desde 2001. A partir de la reglamentación, los cuidacoches autorizados pasarán a ser denominados constatadores del estacionamiento.
Esos trabajadores no podrán cobrar dinero en efectivo ni fijar tarifas propias. Su función será verificar si el conductor inició el pago digital y, en caso contrario, dar aviso a la autoridad municipal competente.
El pago deberá realizarse mediante una aplicación municipal, código QR u otros medios digitales que defina la autoridad de aplicación. La norma prohíbe expresamente el uso de efectivo para abonar el servicio.
El horario general del estacionamiento controlado será de lunes a viernes, de 8 a 20, y los sábados, de 8 a 14. Fuera de esas franjas, además de domingos y feriados, el estacionamiento será gratuito, salvo en eventos de concurrencia masiva.
La tarifa ordinaria quedará atada al precio de la nafta premium. La hora costará el equivalente al 60% de un litro de nafta de mayor octanaje de YPF en plaza Córdoba.
En eventos masivos, el valor será equivalente al 100% de ese litro de combustible. En esos casos, el Ejecutivo deberá determinar las zonas alcanzadas y las cooperativas habilitadas para prestar el servicio.
El debate en el recinto
Desde el oficialismo, Marcos Vázquez defendió la ordenanza como una herramienta para terminar con la informalidad en la vía pública. “Ya no habrá informalidad absoluta ni personas actuando sin ningún tipo de control en la vía pública”, sostuvo durante el debate.
El concejal de Hacemos Unidos afirmó que el sistema digital apunta a reducir conflictos entre conductores y cuidacoches. También remarcó que “queda terminantemente prohibido el uso de efectivo para pagar el servicio”.
Vázquez rechazó que la norma busque criminalizar a quienes trabajan en la calle. “Esta ordenanza no busca perseguir a nadie, ni criminalizar la pobreza, ni hacer política desde la comodidad de un escritorio. Busca ordenar, cuidar y dignificar”, planteó.
El Frente Cívico acompañó la reforma, pero marcó una advertencia sobre la fiscalización. Martín Juez afirmó que el problema no fue la existencia de cooperativas, sino la falta de control municipal durante años.
“Destruyeron el consenso social que había de la gente con las cooperativas”, dijo Juez. Luego agregó que, sin control estatal, “no va a valer la pena” redactar nuevas normas.
Desde la UCR, Verónica Garade Panetta cuestionó que el Concejo delegue en el Ejecutivo aspectos centrales de la regulación. La concejala sostuvo que el texto funciona como un “catálogo de buenas intenciones” y deja sin resolver definiciones que deberían haberse adoptado en el recinto.
Garade Panetta también remarcó que el problema no es la falta de normas. “Hay normas, hay ordenanzas que regulan esto, pero lo que no hay es control de la vía pública por parte del Estado municipal”, afirmó.
Cintia Frencia, del Frente de Izquierda, rechazó la ordenanza por considerar que mantiene el enfoque punitivo de la reforma provincial. “Acá no hay regulación, hay persecución, hay represión y hay un impuestazo”, sostuvo.
La concejala afirmó que se penaliza a personas que buscan un ingreso en medio de la crisis social. También planteó que la norma no resuelve el problema de fondo, que vinculó con la falta de trabajo.
Jesica Rovetto Yapur, de Cordobeses por la Libertad, también votó en contra. La edil sostuvo que el proyecto “institucionaliza un fracaso que lleva décadas” y cuestionó la amplitud de facultades que tendrá el Ejecutivo para definir el funcionamiento del sistema.
Rovetto Yapur advirtió además sobre el volumen de recursos que podría recaudar el nuevo esquema. Según dijo, no se trata de montos menores, sino de una recaudación que estimó en al menos 1,5 millón de dólares.
Soher El Sukaria, del PRO, rechazó la reforma y sostuvo que el municipio ya tenía herramientas para controlar. “Terminamos regulando un maquillaje”, afirmó.
La concejala también cuestionó que no queden resueltos los problemas de nocturnidad y eventos especiales. Según planteó, el municipio cuenta con competencias para fiscalizar, pero no las aplica de manera efectiva.
El cierre del debate estuvo a cargo de Martín Simonian, presidente del bloque Hacemos Unidos. El edil sostuvo que el objeto de la norma “no es excluir, no es recaudar, no es perseguir”, sino “devolverle a la ciudadanía el orden y tranquilidad en el uso del espacio público”.
Simonian afirmó que el municipio deberá contener a quienes no puedan incorporarse al sistema formal. En ese punto, habló de capacitación, reinserción laboral, asistencia social y acompañamiento en salud mental.
Los puntos centrales de la norma
La ordenanza fija requisitos para los constatadores. Deberán ser mayores de edad, acreditar aptitud psicofísica, domicilio en Córdoba, ausencia de empleo registrado vigente y certificados de antecedentes nacional y provincial.
Además, deberán acreditar que no figuran en el Registro Provincial de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual. La norma exige uniforme, credencial, identificación visible y capacitaciones obligatorias.
La formación incluirá seguridad vial, atención al ciudadano, primeros auxilios, RCP, resolución pacífica de conflictos y uso de herramientas digitales. También se prevé capacitación en oficios y habilidades laborales.
La prestación quedará a cargo de cooperativas de trabajo autorizadas por el municipio. La recaudación se distribuirá en un 80% para esas cooperativas y un 20% para la Municipalidad.
La nueva normativa incorpora sanciones para quienes ofrezcan servicios de cuidado o estacionamiento sin autorización legal y exijan dinero o especies. Las penas podrán incluir trabajo comunitario, multas o prohibición de concurrir a determinadas zonas.
En eventos masivos, las multas se duplicarán. Con la ordenanza aprobada, el Ejecutivo deberá reglamentar las zonas, definir la aplicación de pago, habilitar cooperativas y coordinar los controles antes del 26 de mayo.
