Modificación inevitable
Nadie, ni los que creen aún que los agroquímicos permitidos no afectan la salud, elegiría vivir al lado de un campo que se fumigue. Y hay decenas de miles de cordobeses en esa condición. Fernando Colautti.
La discusión urgente, aunque no la única, es si no debiera modificarse la ley provincial para crear zonas de resguardo ambiental, en las que se prohíba todo tipo de pulverizaciones en campos pegados a áreas urbanas. Alguna restricción debería sumarse, además, en torno de escuelas rurales y ríos. Como la ley provincial no lo contempla, varios municipios, bajo presión de sus vecinos, avanzaron con restricciones propias, aunque no coincidentes.
Si la ley no se adapta, se seguirán sumando municipios a esa lista y, de hecho, la norma provincial perderá peso, valor y sentido.
Tras el fallo judicial por barrio Ituzaingó, por otra parte, habrá cada vez más demandas judiciales por fumigaciones pegadas a viviendas, y fallos que terminen fijando limitaciones, si una ley no lo hace.
La Justicia cordobesa ya lo hizo para los campos vecinos a barrio Ituzaingó, en la capital provincial. Pero hay sentencias similares ya dictadas para ciudades de Santa Fe, Buenos Aires y Chaco.
El fallo judicial cordobés de hace dos meses marca la cancha: ya nadie podrá fumigar con displicencia sin suponer que puede cometer un delito penal tipificado.
Mientras el vecino se pregunta si los químicos afectarán su salud, al que fumiga un campo pegado a zonas urbanas se le abre el interrogante sobre los riesgos que corre de ser denunciado. Ante ese marco, crece la impresión de que llegará el momento en que fijar zonas de restricción para todo el mapa será inevitable, además de razonable.
Es cierto que los productores resignarán miles de hectáreas, que deberán ser productivas de otro modo. Pero mucho peor es resignarse a convivir con la duda, a la espera de una certeza de que esas prácticas afectan la salud. Y no hay derecho a eso.
