Conmoción. Investigan la muerte de una abogada que había denunciado a su ex por difundir un video íntimo
Shadya Altamirano había denunciado amenazas y la viralización de material privado. Se analiza posible autodeterminación. La familia cuestiona la respuesta estatal.
La Justicia de Santiago del Estero investiga la muerte de Shadya Altamirano, una joven abogada de 29 años que falleció un mes después de denunciar a su expareja por la presunta difusión de un video íntimo. El caso generó conmoción en la localidad de Pinto y reavivó el debate sobre la respuesta institucional ante denuncias por violencia digital y amenazas.
Según relató su madre, María Verónica Rodríguez a Clarín, la exposición pública del material había afectado profundamente a la joven. “Todo el pueblo sabe de mis cosas íntimas”, repetía en los días previos, de acuerdo con el testimonio familiar.
Entre las pertenencias secuestradas como material que debe ser investigado se encuentra un blíster de pastillas.
La denuncia por amenazas y difusión de contenido íntimo
De acuerdo con la presentación judicial, el 1 de marzo, un día después de la presunta viralización del video, Altamirano acudió a la Comisaría Comunitaria N° 15 de Pinto para denunciar a su exnovio, de 43 años, por amenazas.
La familia sostiene que el hombre habría compartido el contenido en un grupo de WhatsApp con amigos, lo que habría provocado una rápida circulación en la comunidad.
Desde el Ministerio Público Fiscal de Santiago del Estero informaron que, tras la denuncia, se pusieron a disposición herramientas de resguardo, entre ellas la instalación de un botón antipánico en el celular de la víctima.
Sin embargo, el organismo indicó que la joven rechazó esa medida y dejó constancia firmada en un acta, según el comunicado oficial difundido tras conocerse el caso.
El planteo de la familia y la respuesta judicial
La madre de la abogada cuestionó la actuación del Estado y aseguró que la familia se sintió desprotegida durante el proceso. “Que se sepa que el Estado no hizo nada, guardaron y callaron todo”, expresó Rodríguez en declaraciones al mismo medio.
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Además, señaló que días antes del fallecimiento, el 11 de abril, se había presentado en la Comisaría 15 del Menor y la Familia para advertir sobre el delicado estado emocional de su hija.
En esa exposición dejó asentado que la joven había realizado tratamiento psiquiátrico por un trastorno obsesivo compulsivo, que no lo había completado, y que existían antecedentes de autolesiones.
Por su parte, las juezas de Control y Garantías de la Circunscripción Judicial de Añatuya, Ana María González Ruiz y Gladys Alami, afirmaron que “no consta ingreso de petición de medidas de protección” posteriores a la denuncia inicial.
Pericias y avance de la investigación
La joven fue encontrada muerta por su papá, José Luis Altamirano Guerrero. Tras el hallazgo, la Unidad Fiscal interviniente ordenó distintas medidas de prueba para reconstruir el contexto del caso.
Entre las principales diligencias se dispuso la autopsia y el secuestro del teléfono celular de la joven, que continúa bajo peritaje para determinar si existieron mensajes, registros o evidencias vinculadas con la denuncia previa.
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La madre indicó que hasta el momento el dispositivo no fue restituido a la familia y aseguró que recién fue convocada a declarar formalmente este miércoles, luego de que el hecho tomara repercusión pública.
Según su relato, la joven no dejó mensaje de despedida, por lo que el entorno considera que pudo tratarse de una decisión impulsiva en medio del fuerte impacto emocional que venía atravesando.
Sospechas sobre vínculos de poder
En paralelo, la familia también apuntó contra el acusado por la difusión del material íntimo y sostuvo que el hombre tendría vínculos familiares con una funcionaria judicial de la zona: "es familiar de la fiscal general de la Circunscripción de Añatuya (María Emilia Ganem); él hacía alarde de eso y decía 'a mí nadie me va a hacer nada'", afirmó la madre a Clarín.
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La Justicia, por el momento, no confirmó ninguna irregularidad en el trámite de la causa, aunque el caso sigue bajo análisis por la fuerte repercusión social y mediática.
Violencia digital y exposición pública
La frase que, según su familia, repetía con angustia: “Todo el pueblo sabe de mis cosas íntimas”, se convirtió en el eje más doloroso de una investigación que ahora busca establecer responsabilidades, revisar la actuación estatal y determinar si hubo omisiones en la protección de la víctima.
