Impulsan prohibir la venta de nafta a conductores ebrios

Un proyecto de ley que obligaría a las estaciones de servicio a no cargar combustible a automovilistas alcoholizados es impulsado por el legislador Juan Manuel Cid (Unión por Córdoba), y antes de que tome estado parlamentario ya recibió el rechazo de los trabajadores y los empresarios.Cid promueve un cambio en el Código de Faltas que obligue a los playeros a utilizar un alcoholímetro entre las 22 y las 7 para determinar si puede o no venderle nafta a los clientes, con la expectativa de que de ese modo se reduzcan los accidentes de tránsito."Un alcoholímetro cuesta 60 pesos y las estaciones pueden comprar los que consideren necesarios. Uno por surtidor sería lo ideal, porque en 10 segundos sale el resultado. El costo es insignificante comparado con lo que puede ayudar a prevenir en vidas humanas", dijo Cid a Día a Día.El proyecto contempla multas por 2.500 pesos para los propietarios que no cumplan con la regla y de 1.250 pesos cuando no exhiban un cartel que anuncie la restricción.Reacciones adversas. José Sarracini, secretario del Sindicato de Petroleros de Córdoba, que agrupa a los playeros, cuestionó la iniciativa porque expone a los trabajadores a situaciones violentas y porque considera que ellos no deben reemplazar la obligación del Estado en la prevención."Se expone al playero a una situación de violencia, que puede terminar incluso con la muerte de algún muchacho. A una persona borracha no se le puede decir que no se le carga, porque se puede poner muy violento", declaró.Raúl Castellano, de la Federación de Expendedores (Fecac), dijo directamente que el proyecto "es la ridiculez más grande" que escuchó en su vida. "La estación de servicio es un comercio que vende nafta. En un restaurante, el mozo no le hace un examen de colesterol a los comensales para ver si pueden comer un asado", graficó en diálogo con Día a Día.

Comunicado. El Sindicato Petrolero de Córdoba repudia el proyecto presentado por el legislador Cid "debido a que este, transfiere la responsabilidad de intervención del Estado hacia los trabajadores petroleros en las estaciones de servicio, representando entre otras cosas, una amenaza hacia la integridad física de nuestros compañeros".