Discapacidad. El Gobierno apeló la cautelar que lo obliga a saldar deudas con prestadores de Pami
Sin embargo, la Justicia resolvió que la medida debe cumplirse mientras se resuelve el fondo de la cuestión, para evitar "retrocesos graves" en los pacientes.
El conflicto por las prestaciones de discapacidad de Pami e Incluir Salud sumó una nueva instancia legal.
Las autoridades nacionales apelaron formalmente la medida cautelar que las obliga a regularizar las deudas con los prestadores en un plazo máximo de 72 horas.
Pese a este intento del Ejecutivo por dilatar los pagos, la Justicia ratificó que el derecho a la salud no puede esperar.
Efecto devolutivo: la cautelar no se frena
El juez federal de Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja, confirmó que, si bien concedió la apelación a la Nación, lo hizo con "efecto devolutivo".
Para los beneficiarios, esto significa una noticia crucial: la orden de pago sigue plenamente vigente mientras la Cámara Federal resuelve la cuestión de fondo.
Según el magistrado, se mantiene la exigencia debido a que el Gobierno nacional “está en mora” con sus obligaciones básicas hacia el sector.
Un amparo nacido en Córdoba para proteger derechos
El fallo original, dictado hace diez días en Córdoba, fue la respuesta a un amparo colectivo presentado por la abogada Marta Lastra en representación de “Defendamos Córdoba”, junto a instituciones emblemáticas como Apadim y el Pequeño Cottolengo Don Orione.
La medida tiene una vigencia de seis meses y busca proteger a beneficiarios del Certificado Único de Discapacidad (CUD) y pensiones no contributivas.
La Justicia advirtió que las “demoras crónicas” generan un “riesgo inminente”, provocando retrocesos graves en el desarrollo de los pacientes y un esfuerzo desmedido de las familias cuidadoras para sostener los tratamientos.
Pasajes de larga distancia: la gratuidad bajo la lupa
En paralelo a la disputa por las prestaciones, el Gobierno nacional ratificó que la gratuidad de los pasajes de larga distancia para personas con discapacidad y menores con cáncer sigue vigente.
Aunque se eliminaron los subsidios que compensaban a las empresas de micros, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) exigirá que las compañías absorban el costo total de los viajes.
No obstante, desde el sector empresarial (Celadi) advirtieron que esta exigencia llega en medio de un litigio por una deuda acumulada que ya supera los $ 27 mil millones.
