La falta de dinero es una parte de la discusión

Es posible que el retaceo de los aportes estatales a los colegios privados responda al argumento de la asfixia financiera provincial. Es factible, también, que se asiente en bases ideológicas. En este caso, hablamos de la deuda millonaria derivada de la transformación educativa obligatoria que se planteó en 2010, durante la gestión del exgobernador Schiaretti, y que hoy se aplica en todas las instituciones educativas. Hay indicios, además, de que –de manera más global– se pretende mantener dentro de un corsé a la educación privada, para evitar que se expanda al ritmo que exige la demanda de bancos. Se sabía que la ambiciosa reforma curricular traería aparejado mayor costo salarial, para lo cual había que prever recursos. Y hay que recordar que ante la reticencia de algunas escuelas, se prometió que la transformación tendría "costo cero" y que se garantizaba el subsidio a los cargos que exigía la renovación. No obstante, hoy se registran retrasos en los pagos de hasta 15 meses y hay docentes que no cobran hace un año. Como efecto colateral al retraso, el fantasma del progresivo recorte al aporte oficial a los colegios privados, que siempre circula en las instituciones subvencionadas, comienza a rondar con más fuerza. Es lógico que los rumores se multipliquen cuando ocurren cosas como estas y escasean las explicaciones. Aunque es necesario aclarar que nadie habla de recortar los subsidios ya otorgados a los colegios, hace tiempo que hay señales de que se evita la ampliación desmedida de los servicios educativos privados. Hay ejemplos que avalan esta teoría. Por un lado, en el mejor de los casos, los aportes a las escuelas que se abren tardan más de seis años en efectivizarse. Tampoco se otorgan los subsidios por el crecimiento vegetativo de la población estudiantil. Igual suerte corren los técnicos a los que se prometió, en algún momento, ayuda para el pago de sueldos. Por otro, se sabe que no se subsidiarán los salarios docentes que deberían cubrir la jornada extendida en el primario, obligatoria a partir de 2015. A todas luces, la discusión excede la cuestión de si hay plata o no para mantener y ampliar los subsidios. Parece que la necesidad de que el Estado contribuya con los privados es un debate ideológico que distancia a escuelas públicas y privadas e ignora el derecho ciudadano a elegir la educación que se desea.