Córdoba capital. Estacionamiento controlado: presentan amparo por exenciones para personas con discapacidad
El abogado Lucas Gilardone cuestionó judicialmente el nuevo sistema de estacionamiento medido al considerar que discrimina a personas con discapacidad que no conducen vehículos adaptados. La Justicia convocó a una audiencia de conciliación con la Municipalidad.
A pocos días de que comenzaran a regir las nuevas exenciones del sistema de estacionamiento medido y controlado de la ciudad de Córdoba, una presentación judicial puso bajo la lupa uno de los beneficios previstos para las personas con discapacidad.
El abogado Lucas Gilardone promovió una acción de amparo contra la Municipalidad de Córdoba al considerar que el trámite implementado para acceder al estacionamiento gratuito excluye a quienes, pese a contar con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y permiso oficial de libre tránsito y estacionamiento, no tienen licencia de conducir clase F ni manejan un vehículo adaptado.
La demanda comenzó a tramitar en la Cámara Contencioso Administrativa. Según explicó el propio demandante, el vocal Francisco Sarabia Gordillo fijó una audiencia de avenimiento entre las partes para el próximo miércoles, a las 10.
El planteo se conoció en momentos en que la Municipalidad comenzó a aplicar, desde el miércoles 10 de junio, el sistema de exenciones para distintos grupos de usuarios del estacionamiento controlado, entre ellos personas con discapacidad, frentistas, trabajadores y adultos mayores.
Una traba en el trámite digital
Gilardone sostiene que el inconveniente no está en la ordenanza que regula el nuevo esquema, sino en la forma en que fue implementada la plataforma digital para gestionar las exenciones.
Según explicó, al iniciar el trámite, el sistema valida correctamente tanto el CUD como el permiso nacional de libre tránsito y estacionamiento. Sin embargo, luego exige contar con una licencia de conducir clase F, requisito que corresponde a quienes manejan vehículos adaptados.
“Como no tengo licencia F, no me permite completar el trámite para la exención. Consecuencia: no tengo ningún tipo de exención”, afirmó.
El abogado explicó que esa licencia especial es la que otorga la Municipalidad a las personas con discapacidad que conducen un vehículo adaptado.
En su caso, padece hipoacusia bilateral profunda y utiliza audífonos, una condición que no requiere modificaciones en el automóvil para conducir.
Por ese motivo, considera que el sistema deja afuera a una gran cantidad de personas con discapacidad que pueden utilizar vehículos convencionales.
“Hay una discriminación estructural”
El fundamento central del amparo apunta a que la plataforma establece una diferenciación que, según Gilardone, no existe en la legislación nacional.
“Lo que yo planteo en el amparo es que hay una discriminación estructural que hace la Municipalidad por una diferenciación que no hace la Ley Nacional de Discapacidad ni ninguna de las leyes que reglamentan las prestaciones y los servicios para personas con discapacidad”, sostuvo.
También cuestionó que el criterio utilizado reduzca el universo de beneficiarios únicamente a quienes necesitan adaptaciones en sus vehículos.
Según explicó, la lógica de la ley nacional y de la convención internacional no limita los derechos de las personas con discapacidad a quienes requieren un vehículo adaptado.
A su criterio, el problema no afecta solamente a personas con discapacidad auditiva. También podrían quedar excluidos usuarios con prótesis en miembros inferiores, colostomías u otras condiciones que no obligan a realizar modificaciones mecánicas en el vehículo.
Un recorrido sin respuestas
Antes de recurrir a la Justicia, Gilardone intentó resolver la situación por vía administrativa.
“Fui como tres o cuatro veces a la Municipalidad, hablé en seis o siete oficinas distintas y nadie entendía por dónde comenzar a tratar el problema”, relató.
La respuesta que recibió, según contó, fue iniciar el trámite para obtener una licencia F.
“Me dijeron: ‘Lo que tenés que hacer es ir al CPC a que te cambien la licencia’. Pero es una locura. Voy a tener que pedir una licencia F y acreditar que tengo un auto adaptado. No me está dando una solución real”, cuestionó.
Para el abogado, el conflicto no requiere una reforma legislativa, sino una modificación en la plataforma digital.
“No estoy pidiendo que construyan un subte en Córdoba. Es llamar a alguien y decirle: ‘Cambiame esto de la plataforma’, y listo”, afirmó.
Y agregó: “No tenés que cambiar una ordenanza ni convocar al Concejo Deliberante. Es un trámite interno”.
Qué dice la reglamentación
La Municipalidad anunció que desde el 10 de junio comenzaron a regir las exenciones para distintos grupos de usuarios.
En el caso de las personas con discapacidad, el beneficio contempla estacionamiento gratuito en todas las áreas de estacionamiento medido y controlado mediante el permiso oficial de circulación y estacionamiento.
Sin embargo, Gilardone sostiene que la implementación informática del trámite termina restringiendo ese derecho al exigir un requisito que no está previsto en la normativa nacional.
A su criterio, la ley 22.431 y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad procuran garantizar una equiparación integral de derechos y no establecen categorías en función del tipo o grado de discapacidad.
Una discusión que excede un caso individual
Más allá de su situación particular, el abogado considera que el problema puede alcanzar a miles de personas con discapacidad que manejan vehículos convencionales.
El planteo judicial busca que la Municipalidad elimine el requisito de la licencia F para acceder a la exención cuando el solicitante ya acredita el CUD y el permiso nacional correspondiente.
La audiencia convocada por la Justicia abre una instancia de conciliación en la que el municipio podría introducir modificaciones en el sistema antes de que el conflicto avance hacia una resolución judicial.
