¿En camino a una legislación más restrictiva?

Aceptar que la muerte es parte de la vida y que llega un momento en que la medicina no tiene nada más que hacer, salvo sólo prolongar de manera artificial los latidos de un corazón, es el fundamento bioético que está en la base de una ley de muerte digna. La ley cordobesa –que se sancionó en mayo de 2012 y ahora se encamina hacia la reglamentación para su plena vigencia– garantiza el derecho de las personas a decidir, en forma anticipada, su voluntad sobre la negativa a ser sometidas a tratamientos destinados a prolongar la vida de manera indigna. Y, obviamente, que exista es una buena noticia, más aún si se considera que debió pasar casi una década desde que se presentó en Córdoba el primer proyecto orientado a que una garantía tan básica se convirtiera en derecho positivo. Sin embargo, no se puede soslayar que la norma cordobesa es más restrictiva que la ley nacional que –quizá no por casualidad– se aprobó pocos días antes que la provincial. La principal diferencia es que mientras la norma nacional permite retirar todo el soporte vital (incluso hidratación y nutrición) en pacientes en estado vegetativo permanente, la ley provincial no lo admite. Y eso no es una sutileza, sino que marca una diferencia importante en la realidad de las terapias intensivas. La decisión de avanzar en la reglamentación de la ley recién dos años después de su sanción (es decir, con el plazo largamente vencido), pero muy pocos días después de que la Procuraduría de la Nación avalara el retiro de hidratación y nutrición a un paciente neuquino en estado vegetativo desde hacía 20 años, tampoco parece casual. Para algunos, es una forma de sostener que en Córdoba la normativa que se aplicará no permitirá las mismas licencias que la nacional, sino que será, efectivamente, más conservadora.Es algo que también surge de la composición de la comisión que elaborará el anteproyecto de reglamentación: los sectores conservadores y con estrechos vínculos con la Iglesia tienen una fuerte representación, por encima incluso de los expertos en bioética. En ese marco, aparece como posible que sus creencias, aunque legítimas, intenten imponerse al conjunto de la sociedad.