El patrón de la villa, cerca del banquillo

La larga historia de usurpaciones, remates sospechados y robo de tierras alrededor del lago Los Molinos, a 60 kilómetros de la ciudad de Córdoba, tendrá uno de sus capítulos centrales en los próximos meses si, como se espera, la Justicia de Córdoba termina llevando a juicio a uno de los políticos más polémicos de esa zona de la provincia. La Fiscalía de la ciudad de Córdoba, encabezada por Alejandro Moyano, solicitó la elevación a juicio de una causa que comprende diferentes casos presuntamente protagonizados por el jefe comunal de Villas Ciudad de América, José Luis Colombatti, quien gobierna de manera ininterrumpida el pueblo desde hace 18 años, lapso en el cual se ha consolidado como el patrón político del lugar. Caudillo serrano Colombatti está acusado de falsedad ideológica y defraudación por estelionato (estafa a través de la venta de bienes; lotes, en este caso), ya que habría usado la comuna como una oficina inmobiliaria para apoderarse ilegalmente de innumerables lotes que no le pertenecían. En muchos casos, habría argumentado que esos terrenos eran para guarderías, plazas y planes de vivienda para los pobres, pero en realidad luego eran comercializados. Investigadores de la Policía Judicial estimaron en 1.500 los lotes que comerció la comuna en forma indebida durante el mandato de Colombatti, aunque la causa judicial sólo investiga la apropiación de un número mucho menor de lotes. Se trata de terrenos económicamente muy valiosos, ubicados en la zona turística de la provincia de Córdoba más beneficiada por obras viales y emprendimientos turísticos en los últimos años. Para realizar esa tarea, según la acusación, el jefe comunal estuvo acompañado por el exdirector de Catastro de la Provincia de Córdoba Raúl Emilio Ahumada; la actual jueza de paz de la zona, María Antonieta Parisato; una conocida abogada de la ciudad de Córdoba que tenía la representación legal del municipio, Silvia Martínez de Bethencourt, y el tesorero de su misma comuna, Andrés Alejandro Minguillón, quien además es su hijastro. Los presuntos manejos irregulares protagonizados por Colombatti han sido noticia durante más de una década. En la última oportunidad que recibió a un periodista de La Voz del Interior, en agosto del año pasado, el jefe comunal lo hizo con un revólver sobre su escritorio. La discrecionalidad de Colombatti en Villas Ciudad de América ha sido total. A un político de la oposición que ganó en las elecciones de 2011 el derecho a ser secretario de la comuna, Sergio Guardia, del radicalismo, no lo dejó asumir. A la vecina Matilde Echevarri, que se atrevió a enfrentarlo en la elección de 1995, Colombatti hizo que la comuna le ocupara el jardín de su casa con un galpón para la flota de vehículos oficiales, una guardería y un depósito de combustible, donde están instalados hasta la actualidad. Experto inmobiliario El estilo de Colombatti ha sido fortalecido desde el Gobierno provincial, que jamás intervino para poner límites en los manejos de la comuna y además le otorgó licitaciones millonarias. En diciembre de 2011, por ejemplo, un decreto firmado por el gobernador José Manuel de la Sota y el ministro de Infraestructura, Hugo Testa, ordenó el pago de 3.748.187 pesos a la comuna de Colombatti para limpiar las banquinas de las rutas de la zona. Sólo ese contrato equivalía a cuatro años y medio del presupuesto de Villas Ciudad de América, un pueblo pequeño donde apenas vota medio millar de personas en cada elección. Uno de los principales denunciantes de Colombatti ha sido Oscar Condoluci, propietario del hotel Fátima, a quien Colombatti y el resto de los acusados habrían intentado despojar de 58 lotes ubicados detrás del establecimiento. Condoluci cuenta que vivió los peores momentos de su vida a partir de esta historia, que al principio el jefe comunal le decía no saber quién estaba alambrando y ocupando sus terrenos, y debió pasar un buen tiempo hasta descubrir, afirma, que el mismo Colombatti participaba de la maniobra.Según establecieron los dos fiscales que pasaron por el caso –Emilio Drazile (Alta Gracia) y Alejandro Moyano (Córdoba)–, junto con un juez de control y un equipo de detectives del Centro de Investigación Criminal de la Policía Judicial que trabajó años en la investigación, Colombatti, con el resto de los acusados, se especializó en una modalidad de apropiación de lotes ajenos.Su forma de trabajo consistió –según la elevación a juicio– en aplicar de modo irregular las leyes de prescripción administrativa 21.447 y 24.329, normas que le habrían permitido a la comuna adueñarse de lotes de los que estuviera en posesión desde 20 años atrás. Pero sin tener esa posesión, la comuna, junto con el exdirector de Catastro, la abogada y la jueza de paz, habrían tejido maniobras gracias a las cuales conseguían quitarles las propiedades a sus verdaderos dueños y luego venderlas, sin que esos ingresos quedaran registrados para la comuna.Una parte importante de la jugada, afirma el fiscal, consistía en unificar varios lotes en uno. Así, modificaban la nomenclatura catastral de la propiedad y el número de cuenta, por lo cual generaban un nuevo registro oficial que hacía imposible a los verdaderos dueños seguir abonando los impuestos del lote –en caso de que lo hicieran–, ya que la cuenta que estaba vigente en los organismos oficiales de la Provincia dejaba de existir. El lago de los deseos La jueza de paz Parisato, según la investigación judicial, contribuía a darles visos de legalidad a las operaciones de venta de los lotes apropiados que luego la comuna hacía a particulares. Ahumada aportaba su experiencia y conocimiento técnico como exdirector de Catastro, y la abogada Bethencourt, desde una oficina en la galería Cinerama en el centro de la ciudad de Córdoba (donde también tenía su despacho Ahumada), se encargaba de reunirse con los interesados en comprar lotes y hacer las gestiones para que las maniobras prosperasen.

Mientras la comuna de Villas Ciudad de América avanzaba con estas apropiaciones, otras comunas de la zona trabajaban en igual sentido. En la causa se menciona varias veces, por ejemplo, a las vecinas Valle de Anisacate, Villa del Prado y La Serranita.

En simultáneo, frente a las costas del lago Los Molinos florecían emprendimientos privados y grandes viviendas, en algunos casos realizados gracias a la intervención de la comuna de Colombatti, que había unificado lotes ajenos para convertirlos en amplias propiedades y atraer a compradores importantes.

Desde el Tribunal Superior de Justicia confirmaron que la jueza de paz Parisato sigue en funciones pese a este pedido de elevación a juicio, y que recién cuando una cámara penal se avoque al caso será el momento para que informe al máximo organismo judicial y se decida si se le hace un proceso de destitución.

En la comuna de Villas Ciudad de América no respondieron la consulta de este diario. El abogado de Colombatti, de la jueza de paz y del tesorero Minguillón es Juan Manual Aráoz. El defensor contó que ya presentaron dos recursos, uno para oponerse a la elevación a juicio y otro ante el Tribunal Superior, para pedir que se declare inconstitucional la imprescriptibilidad de los delitos cometidos por funcionarios públicos.

“Ni la jueza de paz ni el jefe comunal tienen poder para evitar que una investigación judicial se lleve adelante; por eso, pensamos que esa determinación del Código Penal es inconstitucional”, señaló Aráoz. También expresó que, para la defensa, los imputados actuaron siempre de manera legal y que no existe ninguna prueba de connivencia entre ellos.

Este caso que tiene en el centro al jefe comunal de Villas Ciudad de América se enmarca dentro de la llamada megacausa del Registro de la Propiedad, que lleva decenas de juicios realizados por maniobras ilegales efectuadas con lotes y campos en toda la provincia. En otros casos, las irregularidades se cometían no con la aplicación incorrecta de una ley, sino a través de remates arreglados con los cuales desapoderaban de miles de terrenos a los propietarios verdaderos o con cambios en los libros del Registro.

En conjunto, se trata de uno de los robos masivos más grandes de la historia de la Argentina, por el monto de las propiedades involucradas y por la cantidad y jerarquía de los funcionarios y profesionales que fueron imputados, condenados y, en muchos casos, enviados a prisión.

Según la acusación, las maniobras consistían en unificar lotes y cambiarles el número de registro, por lo que era imposible que su dueño legítimo pagara los impuestos. Así, la comuna se los apropiaba con el tiempo.

Aclaración. El artículo original, tomando como fuente la resolución de la elevación a juicio, hacía mención a maniobras similares con los terrenos ocurridas en Anisacate. En realidad estos hechos habrían ocurrido en la comuna Valle de Anisacate, ubicada junto a la anterior.