La efectividad de las medidas de protección

Sin lugar a dudas, la violencia familiar es un problema complejo, y lograr que su abordaje sea efectivo también lo es. La sanción de la Ley Provincial 9.283 de Violencia Familiar significó un gran avance en materia legislativa, como lo fue también la creación de tribunales especializados. A su vez, resulta fundamental la articulación de la actividad jurisdiccional con el poder Ejecutivo, implementando este último políticas públicas tendientes a la erradicación, prevención y sanción de la violencia familiar. Si bien la creación de normas especializadas es producto de las políticas públicas, desde la administración debe propenderse a sostener las medidas judiciales en el tiempo, como también al fortalecimiento de la persona que padece los hechos de violencia, enrolándose a las mismas en un lugar protagónico. Pero la propia dinámica de las relaciones violentas demanda una intervención complejizada e integral que trasciende el dictado de medidas que operan en la coyuntura inmediata, tales como la exclusión del hogar, la restricción de acercamiento o la incomunicación con la víctima, entre otras. Uno de los aspectos más críticos en materia de violencia familiar tiene que ver con la efectivización de las medidas ordenadas por el juez de Violencia. Es decir, qué rol juega el sistema punitivo frente a la infracción de una medida vigente, dictada por el órgano competente. Días atrás, el Tribunal Superior de Justicia zanjó esta discusión, argumentando de manera vehemente que configura delito el incumplimiento a la orden judicial tendiente a hacer cesar una situación de violencia familiar. Desde la óptica jurídica, la resolución implica un acierto, valorable no sólo por su función pedagógica, sino porque la perspectiva tendiente a paliar este flagelo social debe ser necesariamente integral.