La discusión sobre las universidades volvió al centro de la escena pública. De un lado, el Gobierno sostiene que la prioridad es preservar el equilibrio fiscal y cuestiona la forma en que se administran los recursos. Del otro, las universidades advierten que el deterioro presupuestario pone en riesgo su funcionamiento.
La masividad de las marchas muestra que el reclamo va más allá de estudiantes, docentes y autoridades. Para muchos argentinos, la universidad pública sigue siendo una herramienta de progreso social. Por eso, cualquier amenaza sobre su funcionamiento se vive como una amenaza a la posibilidad de estudiar, recibirse y mejorar la propia vida.
Una promesa que viene de otra Argentina
Durante décadas, la universidad pública permitió que muchos jóvenes de hogares modestos accedieran a mejores empleos y ascendieran socialmente. El título universitario fue, para muchas familias, una puerta de entrada a una vida más estable.
Pero esa promesa necesita ser analizada con los datos actuales. La pregunta pasa por cuántos jóvenes llegan realmente preparados para empezar y sostener una carrera.
Según datos oficiales de la Secretaría de Educación para 2024, solo el 59% de los jóvenes terminan la secundaria a los 18 años. Entre quienes lo logran, menos del 18% alcanza buenos resultados en Lengua y Matemática. Combinados, ambos datos muestran que apenas cerca del 10% de los jóvenes de 18 años terminan la secundaria a tiempo y con conocimientos adecuados.
El Gobierno minimizó la marcha: "Podés juntar 5 millones de personas, pero la restricción presupuestaria sigue"
Dicho de manera simple: nueve de cada diez jóvenes abandonan la secundaria, la terminan tarde o egresan con dificultades importantes de aprendizaje.
La desigualdad educativa afecta más a los pobres
El problema, además, golpea con mucha más fuerza a los hogares más pobres. En secundaria, el 41% de los alumnos del quintil de menores ingresos alcanzan resultados satisfactorios en Lengua, frente al 71% de los alumnos del quintil más alto. Y en Matemática, apenas el 7% de los estudiantes más pobres logran resultados satisfactorios, contra el 33% de los más favorecidos.
En este contexto, incluso una universidad pública gratuita y de calidad tiene una capacidad limitada para generar movilidad social. No porque haya dejado de ser valiosa, sino porque muchos jóvenes quedan afuera antes de llegar. Y, muchas veces, quienes están mejor preparados para aprovecharla son jóvenes de hogares con más recursos y trayectorias escolares más sólidas.
Un sistema que no ayuda a mejorar
El deterioro de la educación básica tiene múltiples causas, pero una de las más importantes está en los malos incentivos de gestión. El sistema funciona con reglas rígidas, estatutos docentes antiguos, burocracia excesiva y escaso reconocimiento al esfuerzo, al compromiso y a los resultados de aprendizaje.
Esto también es injusto para los buenos docentes, que muchas veces no reciben ningún premio por enseñar mejor, sostener trayectorias educativas complejas o lograr avances concretos con sus alumnos.
También hay un problema de responsabilidades. En un país federal, la educación básica es competencia de las provincias, que son las que gestionan las escuelas, pagan los salarios y organizan el servicio. Sin embargo, durante años, la Nación intervino con paritarias nacionales y programas que muchas veces agregaron burocracia y diluyeron responsabilidades.
La Nación no debería reemplazar a las provincias, pero sí cumplir funciones estratégicas: producir y difundir información confiable sobre aprendizajes, fortalecer la evaluación educativa y modernizar instrumentos como la AUH, simplificando sus condicionalidades y usando cruces informáticos para incentivar la asistencia escolar.
El debate universitario, entonces, no puede reducirse al presupuesto. Una universidad gratuita y de calidad puede abrir puertas, pero no puede corregir sola todo lo que falló antes.
