Las dos familias que emplearon a Matilde

Matilde trabajó cinco años en una casa de familia. En noviembre pasado, cuando el Ministerio de Trabajo de la Nación dispuso un aumento del 25 por ciento, su empleadora le dijo que su contador le había informado “que no correspondía”. Ya en 2011, en lugar de pagarle una suba similar, le recortó una hora de trabajo diaria y le siguió abonando lo mismo. Así, estuvo casi dos años cobrando 1.400 pesos mensuales, sin reajustes, por 20 horas a la semana.

Matilde insistió en que le aumentara. La mujer le respondió que no y que no se quejara porque ella le hacía los aportes “porque era buena” y no porque la ley así lo indicara. Matilde se animó, buscó otro trabajo, renunció y, por el mismo tiempo, hoy cobra 2.200 pesos. La tratan con cariño, está feliz.

La relación contractual entre quien contrata personal de servicio doméstico es especial: se confían los hijos, la casa y la intimidad de lo que en ella sucede. Quien contrata es, por lo general, una familia sin afán de lucro, que paga para poder salir a trabajar.

Y, como en todos los casos, hay buenos y malos empleadores; como hay trabajadoras buenas y honestas, y otras que no.

A eso hizo alusión la propia Presidenta, cuando el jueves anunció la promulgación de la ley. “Están los patrones que comen una comida y a la empleada le dan otra”, fustigó. Y cuestionó los 60 años de desprotección sobre el servicio doméstico, que nunca contó con los mismos derechos que otros trabajadores.

Seguramente habrá casos de abusos, quizá no sean pocos. Ese es el espíritu que subyace en la nueva reglamentación del personal de casa de familia: un empleador abusador, que avanza vorazmente sobre los derechos de la trabajadora.

Olvida que, en muchos casos, la trabajadora es una segunda mamá, querida por ese papá y esa mamá que necesitan salir a trabajar porque un solo sueldo o cuota alimentaria no alcanza.

La mayor vulnerabilidad que ha sufrido este sector, donde el 95 por ciento son mujeres, es la desprotección sobre la maternidad. Licencia que, en el caso de todas las trabajadoras en blanco, cubre la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses): son 90 días en los que el empleador deja de abonar el salario y lo cubre, sin límites, Anses. ¿Por qué Anses no lo hizo antes?

Lo cierto es que el nuevo régimen será más caro para la familia que emplea. Aún no se sabe cuánto. La pata floja del sistema, que fue siempre la alta informalidad, está lejos de solucionarse. Y, en definitiva, no contar con cobertura de salud ni previsional en el futuro es la mayor desprotección de todas.