Dióxido de cloro: sigue la disputa judicial
Sociedades médicas repudiaron la injerencia de la Justicia. El paciente murió tras recibir el tratamiento.
El fallo judicial que ordenó al sanatorio Otamendi tratar con dióxido de cloro a un paciente crítico con coronavirus, que falleció el lunes, continúa levantando polémica.
Ayer, 45 sociedades científicas repudiaron la decisión judicial de avalar un tratamiento no autorizado y que puede resultar tóxico.
Mientras tanto, el abogado de la familia de la víctima aseguró que demandará al centro asistencial por los presuntos delitos de homicidio culposo y desobediencia.
Los profesionales de la institución se negaron a cumplir con la medida cautelar. El tratamiento con dióxido de cloro fue aplicado por el médico neurocirujano Dante Converti.
Desde la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (Sati) piden a las autoridades competentes que arbitren las medidas necesarias para dar seguridad profesional y garantía jurídica a los profesionales, de modo que puedan actuar con la libertad que otorga la medicina basada en la evidencia científica, y para que se frene la judicialización de la medicina.
“La Justicia no debe obligar a los médicos a indicar un producto o una medicación que no tiene el respaldo científico y que no está autorizada por los entes de regulación”, indicaron.
Desde el Foro de Sociedades Científicas Argentinas, de Organizaciones de la Sociedad Civil y Universidades expresaron su preocupación por la injerencia del Poder Judicial en un tema médico-científico con implicancia en la salud pública y repudiaron el accionar de aquellos profesionales de la salud que alientan estas medidas y no miden el daño de sus actos.
