El femicidio de Agostina Vega conmocionó a Córdoba y al país. La repercusión recordó, por momentos, aquella irrupción colectiva de 2015, cuando miles de personas salieron a las calles bajo la consigna Ni Una Menos. 11 años después, el caso volvió a exponer cuánto se avanzó y cuánto sigue faltando.
La primera deuda con Agostina aparece en el momento más crítico: la búsqueda.
La familia de Agostina atravesó lo que viven muchas familias cuando denuncian la desaparición de una adolescente: horas de espera, dudas y descrédito. Como la mayoría de las personas desaparecidas aparece con vida, muchas veces se actúa como si todos los casos fueran iguales. Pero no lo son. Algunas jóvenes aparecen asesinadas. O no aparecen nunca más.
Justamente porque nadie conoce de antemano el desenlace, cada denuncia debería abordarse como si existiera un riesgo extremo.
También quedaron interrogantes sobre los tiempos de activación de herramientas de búsqueda. Cuando se investiga una desaparición, las primeras horas son decisivas. Lo que no se hace en ese momento muchas veces ya no puede recuperarse después.
Las declaraciones posteriores del fiscal Raúl Garzón tampoco ayudaron. En la conferencia de prensa, habló de situaciones en las que una adolescente podría haberse ido "con un noviecito o un amiguito".
El problema no es sólo la frase. Es la mirada que revela. ¿Acaso no conoce que un noviecito o un amiguito también pueden matar? El 70% de los femicidios son cometidos por parejas o exparejas. El riesgo estaba igual. Y también existen amigos que ejercen violencia; ya lo aprendimos en el caso Catalina Gutiérrez.
A las demoras en la búsqueda, se suma la activación tardía de la Alerta Sofía. La perspectiva de género no se aplica después de encontrar un cuerpo. Debe estar presente desde el primer minuto de la búsqueda.
Por eso generaron rechazo en el feminismo otras expresiones del fiscal, como esta: "El móvil del crimen de Agostina está en el contexto del porqué estaba Agostina en ese lugar ese día".
Esta y otras frase similares ubican el foco en la situación y el móvil del crimen en la víctima y no en quien lo perpetró. Cerró luego, con un país al borde de las lágrimas, con felicitaciones a los perros que hallaron los restos, lo que le valió el repudio de una legisladora en el lugar y de todos los medios del país los días posteriores.
La causa previa
La investigación también volvió a poner bajo la lupa una causa previa contra Claudio Barrelier. En 2025, una mujer denunció que la había retenido contra su voluntad, amenazado con un arma y obligado a desnudarse. El expediente avanzó con el fiscal Iván Rodríguez, bajo la figura penal de privación ilegítima de la libertad, cuya pena es excarcelable, y el acusado recuperó la libertad a los 20 días.
Más que discutir la excarcelación en sí misma, que podría encontrar justificativos en términos procesales, resulta legítimo preguntarse por qué aquella investigación no avanzó en los meses posteriores. Por qué la amenaza con un arma y el intento de abuso sexual no aparecen en la carátula.
Y también por qué una víctima sin abogado particular debía enfrentarse a un sistema donde el acusado contaba con la defensa de Ricardo Moreno, uno de los abogados más influyentes de Tribunales, y con sólidos vínculos con el poder político y sindical.
Un femicidio que sacude a la política
El caso Agostina también dejó expuestas responsabilidades políticas.
Resulta inevitable preguntarse cómo una persona que había estado detenida por una denuncia grave siguió trabajando en la Municipalidad sin que nadie se preguntara qué había ocurrido en esa causa.
No se trata de negar oportunidades laborales a quienes tienen antecedentes. Se trata de analizar qué antecedentes existen, qué seguimiento se realiza y qué responsabilidades asumen quienes los incorporan al Estado.
La situación recuerda otros casos. Este medio publicó cómo Franco Bonino, denunciado por violencia de género, ocupó un cargo directivo vinculado a diversidad durante la gestión municipal anterior y luego continuó desempeñándose en la estructura estatal.
Pero la hipocresía no es patrimonio exclusivo del oficialismo.
También resulta llamativo ver indignarse a dirigentes que durante años minimizaron las desigualdades de género. Desde referentes de Encuentro Vecinal hasta Luis Juez, integrante de un espacio político nacional que cuestiona la figura del femicidio y desmanteló buena parte de las políticas destinadas a prevenir la violencia de género.
Lo mismo ocurre con el legislador Gregorio Hernández Maqueda, impulsor de iniciativas que desconocen las desigualdades estructurales que afectan a las mujeres.
Agostina volvió a sacudirnos porque nos recordó algo elemental: siguen asesinando a nuestras chicas.
La Justicia debe mejorar. La política debe mejorar. El sistema debe mejorar. Pero ninguna de esas respuestas alcanza si llega después de un asesinato.
La pregunta más urgente sigue siendo cómo hacemos para llegar antes. Como funcionarios, docentes, periodistas, madres, padres y ciudadanos. ¿Cómo evitamos que se generen femicidas cada 40 horas? Porque mientras discutimos responsabilidades, las estadísticas siguen avanzando.
Y detrás de cada número, hay una vida que ya no vuelve.
