Buenos Aires, segunda. Córdoba lidera la mayor cantidad de casos de violencia sexual en el país en Fuerzas Armadas y de Seguridad

La sigue la ciudad de Buenos Aires.

05 de junio de 2026 a las 07:36 a. m.
Córdoba lidera la mayor cantidad de casos de violencia sexual en el país en Fuerzas Armadas y de Seguridad
Los casos según el tipo de fuerza.

Córdoba lidera en todo el país la mayor cantidad de casos de violencia sexual dentro de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, seguida por la ciudad de Buenos Aires, según el último informe de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (Dovic) sobre el acompañamiento a víctimas de violencia sexual en esos ámbitos.

La Dovic reveló esos datos con base en los casos en los que intervino entre 2014 y 2024, y la mayor cantidad de agresores se concentraron entre Gendarmería Nacional y el Ejército, según informó el Ministerio Público Fiscal.

El documento “Acompañamiento a víctimas en casos de violencia sexual en ámbitos de Fuerzas Armadas y de Seguridad” tiene entre sus finalidades visibilizar la experiencia del trabajo integral e interdisciplinario de la Dovic en el acompañamiento a víctimas de cara a la implementación del Sistema Acusatorio.

El material fue desarrollado de forma conjunta entre la Secretaría Ejecutiva y los Programas Especiales de Atención a Víctimas de Violencia Institucional; Víctimas de Violencias de Género y de Atención Integral a Víctimas en el Proceso Penal, todas áreas que conforman la Dovic y que tratan esta temática.

Violencia en las fuerzas

En el trabajo se analizan las características de las 70 solicitudes que llegaron a DOVIC provenientes de todo el país durante el período 2014-2024, que alcanzan a 53 agresores, ya que hay casos donde un mismo victimario ejerció violencia a más de una persona.

Si bien para el informe se tomaron en consideración causas cuyo delito principal era el abuso sexual, se registraron en 32 situaciones la perpetración de otras agresiones relacionadas al abuso de autoridad, maltrato arbitrario y comportamientos vinculados con las desigualdades jerárquicas y de género.

En ese sentido, se remarca que la mayor cantidad de casos relevados se presentan en el ámbito de la Gendarmería Nacional (28,6%) y el Ejército (27,1%). Luego figura la Policía Federal (17,1%); la Armada Argentina (5,7%); la Fuerza Aérea (5,7%); Prefectura Naval (5,7%): la Policía de la Ciudad de Buenos Aires (5,7%) y el Servicio Penitenciario Federal (4,3%).

Además, se menciona que Córdoba resultó la principal jurisdicción (con 17 casos), seguida por la ciudad de Buenos Aires (15). El resto de los casos se distribuyen en diferentes jurisdicciones como Paraná, Comodoro Rivadavia, San Martín, Tucumán, entre otras.

En 70 de los casos donde intervino Dovic, 69 fueron víctimas mujeres cis. Con respecto al vínculo entre agresor y persona damnificada, el informe evidencia que en 63 ocasiones, el agresor cumplía un rol de superior jerárquico, mientras que en los 7 restantes la violencia fue ejercida por un compañero.

En otro tramo del documento, se resalta que en 49 casos las víctimas realizaron una presentación en las áreas de género de la institución a la que pertenecen: en 25 oportunidades eso derivó en la apertura de una carpeta médica/psiquiátrica, como consecuencia del hostigamiento y los abusos. Muchas de ellas terminaron con licencia médica, lo cual conlleva otras repercusiones como quedar afuera de la institución y pasar a ser señaladas como “problemáticas”.

Además, se remarca que hubo casos en que las mujeres denunciaron y fueron trasladadas al sector de cocina u otros destinos (no deseables) como una forma de castigo. Por otra parte, se ejemplifican las distintas consecuencias que reportaron las víctimas que atravesaron esos padecimientos, que van de ataques de angustia, problemas de sueño y pesadillas a situaciones de ansiedad y depresión.

En contraposición, de los 53 agresores, solo 7 fueron dados de baja o pasados a retiro voluntario. En un solo caso el agresor fue detenido y otro de ellos fue trasladado a otra sede. Es decir, solamente el 17% por ciento de los agresores tuvieron algún tipo de consecuencia administrativa o laboral por los actos cometidos.