El desmantelamiento de una red de corrupción con permisos precarios y habilitaciones provisorios de seguridad privada empieza a mostrar resultados: ya hay 151 agencias autorizadas y ocho mil vigiladores registrados.
Hace dos años había 253 agencias de seguridad privada operando en Córdoba, pero sólo 20 con habilitaciones bien tramitadas y apenas 282 vigiladores registrados.
La mayoría de estas empresas trabajaban con un permiso precario, que gestionaban con contactos en la Dirección de Seguridad Privada, con fuertes presunciones de corrupción. Por ese motivo, hay dos exempleados de esa área, Maximiliano Papera y Natalia Molina, imputados por exacciones ilegales y falsificación de documento público por el fiscal del fuero Anticorrupción Franco Mondino, en una causa que tuvo numerosos incidentes y oposiciones planteados por las defensas, pero que se cree que se elevará a juicio a mediados de este año.
“Cuando se decidió la intervención del área, en enero de 2024, había 232 empresas en el registro. Pero ese registro estaba viciado por la situación de las habilitaciones provisorias (concepto que legalmente no existe), por lo cual ese registro se desestimó y se inició de cero. Las habilitaciones por normativa se renuevan de manera anual. De esas 232, luego de un análisis pormenorizado caso por caso, el área detectó que apenas 20 empresas cumplían plenamente todos los requisitos de la ley (un 9%). A la fecha, pasamos de 20 a 150 empresas habilitadas”, consignó el director de Control y Gestión Operativa en Seguridad Privada, Franco Fajardo, el interventor designado por el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, para poner en regla esta actividad.
“Con respecto a los vigiladores, según estimaciones informales, eran un universo de ocho mil a nueve mil personas, no declaradas. El trabajo del área confirmó que esas estimaciones eran correctas. Pasamos de 282 vigiladores habilitados a 8.106”, consignó el funcionario.
La intervención reglamentó la ley, incorporó personal para hacer controles en terreno y comenzó a multar. Esta es una de las claves para el blanqueo “masivo” de guardias y de empresas: sale muy cara la infracción. “Si detectamos un vigilador no declarado en un objetivo, la multa es de aproximadamente $ 800 mil. Puede haber 10 en un evento: son ocho millones”, ejemplificó Fajardo.
La corrupción no debe quedar impune
“Lo emprolijamos, ahora controlamos, tenemos inspectores, que no existían, la gente tiene que saber que hay una página web de acceso libre para verificar qué empresa le da el servicio y si los guardias están habilitados”, destacó, a su vez, Quinteros.
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Se trata del Registro Público Digital de Empresas y Vigiladores, y de Vigiladores Eventuales, en el que contratantes y ciudadanía en general pueden consultar cuál es la situación tanto de empresas como del personal. La página web es: https://prestadoresdeseguridad.cba.gov.ar.
“Otra cosa importante es aclarar que no estamos buscando reemplazar los adicionales policiales, sino optimizar el recurso policial, para priorizar los detenidos donde tienen que estar y que no vayan a los lugares que pueden ser custodiados por un privado. No tenemos tantos policías como objetivos y hay una enorme cantidad de eventos en Córdoba, en los que el servicio es mixto: hay policías, pero también hay seguridad privada”, graficó el ministro.
Controles y multas caras
Fajardo detalló que en estos poco más de dos años se han realizado 899 inspecciones (tanto en Capital como en el interior) sobre objetivos definidos en eventos masivos como shows musicales y deportivos, grandes superficies, barrios cerrados y countries, fábricas, clínicas y entidades bancarias, entre otros espacios. “A la fecha se han labrado unas 167 multas”, precisó el funcionario.
La falta más común es tener vigiladores no registrados. Es una falta grave. “Es muy importante el registro de cada guardia porque la ley establece requisitos muy estrictos: no cualquiera puede ser vigilador. Se precisan aptos psíquicos y físicos, que dejen constancia de que la persona está en condiciones de desempeñar este trabajo. Además, se controla que no tenga antecedentes por delitos ni que haya sido exonerado de una fuerza de seguridad por alguna causa judicial”, explicó Fajardo.
La empresa no habilitada ya larga con una multa carísima porque eso es una falta muy grave. “Y no tiene excusa, porque con la reglamentación de la ley establecimos que la habilitación no tiene costo, no paga ninguna tasa”, destacó Fajardo.
Hoy existen 440 guardias eventuales, 7.536 vigiladores comunes o fijos y 130 directores técnicos, que es el personal más capacitado, que cumple tareas de dirección y supervisión de los servicios y que debe tener formación universitaria en seguridad. Este número es dinámico, con permanentes altas y bajas.
Por ley, tienen que brindar el servicio con las credenciales colgadas en el pecho, con nombre y apellido, con designación de la empresa y con un QR que vaya a la página oficial para corroborar si está o no autorizado.
Cuatro empresas tienen vigiladores con armas no letales
La ley de seguridad habilita a que las empresas de seguridad privada puedan tener vigiladores con armas no letales para custodiar determinados objetivos. En este momento, cuatro empresas grandes de seguridad privada tienen personal autorizado para portar y usar armas de menor letalidad, como las pistolas o escopetas lanzadoras que utiliza la Policía de Córdoba. Se trata de menos de 50 vigiladores. La empresa que tiene más guardias habilitados es Bacar, con 19.
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“No sólo se habilita una empresa, sino que se autoriza cada vigilador y cada objetivo. Los vigiladores autorizados a portar un arma no letal tienen que tener un perfil psicológico y psiquiátrico específico y hacer un curso que sólo se da en la Escuela de Tiro de la Policía”, explicó Fajardo.
Los objetivos que cubren vigiladores privados equipados con armas no letales más comunes son puestos de peaje de Caminos de las Sierras.
La causa pendiente por coimas
Dos empleados de la Dirección de Prestadores Privados de Seguridad fueron imputados por el fiscal Anticorrupción Franco Mondino el 29 de diciembre de 2023, supuestamente por pedir coimas para habilitar o para renovar habilitaciones de agencias de seguridad privada.
La investigación interna viene de la gestión anterior, a cargo de Julián López, quien en abril del año pasado designó en esta dirección a Diego Pedrotti, con la misión de digitalizar todos los procesos de habilitación. En plan de modernización, saltaron las irregularidades: siete referentes de agencias de seguridad se quejaron porque ya habían pagado, como todos los años, y no les ponían el sello en la habilitación. Lo del sello es literal: el trámite, completamente papelizado, se completaba con un legajo firmado y sellado por alguna de las dos personas que manejaban, al menos desde hace 10 años, todas las habilitaciones a la seguridad privada.
Respaldo de trabajadores formales
“Un agente de seguridad habilitado, que cumple con las normas, alivia la seguridad pública, algo muy importante en momentos tan delicados como los que vivimos hoy; al margen de la ley, es eficiente pero para el crimen, porque posee información, horarios, rutinas, patentes”. Quien lo dice es Gustavo Pedrocca, secretario General del gremio de los vigiladores privados (Suvico).
Los 8 mil guardias regularizados son un avance, pero no son todos. “Nosotros tenemos un registro de vigiladores por padrón, que si saco a los cooperativos, son 12.500 trabajadores”, puntualizó Pedrocca, también concejal por el peronismo.
La aspiración es llegar, antes de fin de año, a la regularización completa del sector. “Este cambio provocó que Córdoba esté a la vanguardia de la regularización de la actividad, que en el país sigue mayoritariamente en la informalidad”, rescató el dirigente.
El momento es complejo. Si bien “la industria crece un 5 por ciento por año”, afirma Pedrocca, hay dificultades por la caída de la actividad industrial, cierres de producción o de empresas y morosidad en los pagos en algunos barrios privados . “Uno de los problemas más comunes es el que se da con un contratante como un barrio privado, en el que el servicio de seguridad se paga con los gastos comunes o expensas. Como sube la mora de los vecinos, el cliente rompe la cadena de pago y la empresa de seguridad cae en crisis, porque no puede no pagar los salarios, que son el 75 por ciento al 85 por ciento de la factura”, ejemplificó el sindicalista.
Desde Suvico apuntan a calificar el empleo, en modo creciente. “Para ser un auxiliar de seguridad un guardia tiene que incorporar el conocimiento que tiene la fuerza pública y estamos de acuerdo en la exigencia de ley de certificado de reincidencia, libre deuda alimentaria, impecable legajo personal, un psicoapto, secundario completo y la obligatoriedad de cursos de formación permanentes, como en Ley Micaela y en el uso de armas no letales”, graficó Pedrocca.
