Ambiente. Debate en Diputados: se movilizan en Córdoba en contra de la reforma a la ley de glaciares

El Gobierno nacional avanza esta semana con la reforma de la Ley de Glaciares y buscará su aprobación en Diputados antes del 10 de abril.

Por eso, organizaciones, asambleas y vecinos autoconvocados de localidades de la provincia de Córdoba concentrarán este miércoles 8 de abril a las 16 en plaza Vélez Sarsfield de la Capital en defensa del agua y de los glaciares.

La Ley de Glaciares es una norma clave para la protección de las principales reservas estratégicas de agua dulce del país. El proyecto de su modificación pasará el 7 de abril a comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y Asuntos Constitucionales. Y el 8 de abril se discutirá en la sesión de Diputados.

Las organizaciones convocantes advierten que cualquier modificación regresiva de la ley implicaría un grave retroceso en materia ambiental.

"Lo que habilita actividades extractivas y contaminantes en zonas actualmente protegidas, con impactos directos sobre las cuencas hídricas y los ecosistemas de alta montaña", indicaron.

La jornada de manifestación incluirá una grilla de artistas, intervenciones y micrófono abierto.

El 30 de septiembre de 2010, el Congreso sancionó la Ley 26.639 de Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.

Su objetivo consiste en preservar estos ecosistemas como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano, la agricultura y la recarga de cuencas hidrográficas, así como para la protección de la biodiversidad, la obtención de información científica y el turismo.

La ley define a los glaciares como bienes de carácter público y extiende la protección al ambiente periglacial, es decir, a las áreas de suelos congelados que regulan los recursos hídricos.

El Gobierno nacional sostiene que la reforma busca ordenar el marco normativo, eliminar interpretaciones arbitrarias y fortalecer el federalismo ambiental, y que las provincias asuman mayor protagonismo en la gestión de sus recursos.

Son numerosas las organizaciones civiles, ambientales, entre otras, que denunciaron el carácter ilegal y restrictivo de la Audiencia Pública desarrollada el 25 y 26 de marzo, en la que más de 100.000 voces de todo el país fueron excluidas.

"Entre ellas, hay más de 9.000 personas inscriptas de la provincia de Córdoba que no pudieron participar ni expresar su postura en defensa de la ley, lo que pone de manifiesto la ilegalidad del proceso y la vulneración del derecho a la participación ciudadana en decisiones de alto impacto ambiental", manifestaron.

Y agregaron que la evidente intención es entregar el agua y los territorios a las multinacionales extractivistas, "en detrimento de las garantías constitucionales y de la voz del pueblo que se está pronunciando hace meses en contra de esta reforma".