Ciudad de Córdoba. Basurales a cielo abierto: se secuestraron ocho vehículos y hay otros 21 pedidos por la Justicia por arrojo ilegal de residuos

La Municipalidad de Córdoba amplió la denuncia penal por arrojo ilegal de residuos en diferentes lugares de la ciudad e incorporó 50 nuevos casos. Esto derivó en una medida sin antecedentes: la retención de ocho vehículos y el pedido de secuestro de otros 21 usados por los vecinos para trasladar hasta el basural los materiales de descarte.

El detalle de estos secuestros fue corroborado por el fiscal Raúl Garzón,quien precisó que en seis casos los propietarios comparecieron, ofrecieron reparar el daño y recuperaron sus vehículos.

La denuncia municipal incluyó a titulares de los terrenos, conductores y acompañantes de vehículos que fueron registrados mediante cámaras tirando basura en baldíos u espacios públicos.

Garzón imputó a 13 personas en calidad del artículo 80 del Código Penal (sospechoso), con las figura de daño ambiental con residuos no contaminantes, en principio. Por el caso del llamado basural del olor a coliflor hervido, cercano al Aeropuerto, hay cuatro imputados, estos sí por contaminación con residuos peligrosos y cinco más como sospechosos, por el mismo artículo 80.

Los hechos, indicó Gabriel Martín, secretario de Ambiente y Economía Circular, se repiten en espacios abiertos de la vía pública donde vecinos bajan de sus autos y camionetas para desprenderse de basura de todo tipo en lugares no habilitados.

“Son ampliaciones de denuncias sobre la denuncia penal madre que hice en el 2025 por 100 basurales detectados. A través del monitoreo de cámaras se logró detectar esos 50”, explicó Martín a La Voz.

Además, dijo que no descubrieron conductas de arrojo reincidentes, sí la detección de vehículos de alta gama, “no hablamos de carreros”.

Garzón informó que varios vecinos ofrecieron reparar el daño, además de pagar las multas. Esto fue merituado a su favor por el fiscal.

En estos casos intervino activamente la Justicia Administrativa Municipal de Faltas, que denunció la posible violación del artículo 205 del Código Penal, que sanciona la desobediencia de medidas destinadas a evitar la propagación de enfermedades y de las obligaciones sanitarias vigentes.

Como material de prueba se aportaron actas de constatación, antecedentes catastrales y de vehículos, registros fotográficos y fílmicos, testimonios e informes técnicos de la Secretaría de Salud, en los cuales se declara el riesgo sanitario.

Lucas Carpio, administrador General de los Tribunales de Faltas municipales, precisó que las infracciones fueron detectadas en cinco grandes basurales que son monitoreados con domos: son los ubicados en calle Río Negro entre Las Cuevas y Gaiman, avenida Spilimbergo a la altura del cruce con Canal Maestro Norte, Escolástico Magan esquina Marcó del Pont, Juan Jufré a la altura de Antonio de la Maza y Defensa esquina Arani.

"Estos casos fueron constatados en nuestro Centro de Monitoreo, la Policía identificó a los conductores y la fiscalía dispuso el secuestro de los vehículos con los que presuntamente se cometieron los potenciales delitos contra la salud pública", precisó Carpio.

Tras la orden de la fiscalía del fiscal Raúl Garzón, se produjo el secuestro preventivo de estos vehículos. Los infractores identificados fueron 50, 39 desde enero a esta parte.

Garzón advirtió sobre las consecuencias para quienes arrojen residuos en la vía pública: “Esto que era habitual en la conducta de los ciudadanos se va a corregir. Si tiran basura, su vehículo va a ser secuestrado, va a ser multado y puede ir preso también”, indicó el fiscal.

El arresto está previsto en la reforma del Código de Convivencia provincial para faltas que pueden generar un peligro sanitario, al propiciar las condiciones para la transmisión de enfermedades contagiosas, como el dengue, en este momento.

Desde junio de 2024, el municipio endureció las sanciones, amplió los controles y comenzó a denunciar penalmente a los titulares de los baldíos privados donde se generan los basurales debido a la falta de mantenimiento.

Las infracciones por arrojo de basura en la vía pública u otros espacios se encuadran en distintas ordenanzas municipales, entre ellas la N° 8.116 de Higiene Obligatoria en Inmuebles y Construcciones y al Código de Convivencia Ciudadana, ordenanza N° 12.468 y sus modificatorias.

Las sanciones pueden incluir multas económicas, inhabilitación del carnet de conducir y otras medidas, según la gravedad de cada caso.

Así, el artículo 81 bis de enfermedades transmisibles prevé multas que van desde 12 a 120 Unidad Económica Municipal (UEM). Hoy el valor de la UEM es de 13.536 pesos, por lo que en esa categoría el tope es de 1,6 millones de pesos. Por falta de mantenimiento en predios las multas van desde 50 (676 mil pesos) a 200 UEM (2,7 millones). En caso de inmuebles con superficie mayor a 3.000 metros cuadrados, las multas van desde los 200 a 2.000 UEM (27 millones de pesos).

Por daño ambiental, las multas van desde 100 a 5.000 UEM (67 millones) y por arrojar residuos domiciliarios en terrenos baldíos, las multas van desde 200 a 2.000 UEM.

“Con la modificación del Código de Convivencia provincial y, el arrojo de residuos como una infracción, hoy se prevé sanciones de multas más costosas, trabajos comunitarios y arrestos”, sumó Martín.

Además, el funcionario amplió que, ahora, con los monitoreos se solicitará la intervención directa de la Policía y se arrestará a la persona cuando haya un arrojo importante de basura. También se solicitará el retiro de licencia. “Vamos a pedir que la inhabilitación sea de tres a 10 años”, añadió.

También indicó que el abordaje que se realiza es multidisciplinario, de hecho actúa la unidad de riesgo sanitario, que lo hizo durante la pandemia de dengue. Ahora interviene sobre los basurales o acopios que generan dengue.

Paralelo a ello, Martín contó que hicieron denuncias por cuatro basurales. “Trabajamos con el fiscal Garzón y en el marco de esta acción se suman las nuevas denuncias gracias al monitoreo”, agregó.

Carpio detalló que en los últimos años ya se hicieron más de 100 allanamientos en baldíos, micro y macrobasurales en la ciudad, con el retiro en bateas de más de 5.400 toneladas de residuos.

Muchos de estos operativos surgen de las denuncias vecinales, pero también se actúa a partir del monitoreo de las cámaras que opera el municipio, que pronto se integrarán a las 131 que tiene la Policía en la ciudad.

"Es una política sostenida desde 2019 por el municipio, que va contra el titular del terreno que está abandonado y también contra quien arroja los residuos. Al titular del terreno se lo intima a limpiar en 48 horas, si no lo hace la limpieza es contratada por el municipio, pero se la carga al responsable, junto con la multa", relató Carpio.

Las multas se encarecieron, pero el cargo por limpieza quedó algo atrasado. La intención es volverlo más oneroso, para seguir desalentando la proliferación de baldíos y basurales.

Para disminuir los basurales a cielo abierto que hay en la ciudad, el secretario de Ambiente fue categórico: “Hay que lograr un cambio cultural en los vecinos. Vamos a hacer una campaña de educación ambiental para que las personas tomen conciencia. Nos acostumbramos a vivir en una ciudad sucia y eso no está bien”.