Inclusión. El Concejo Deliberante votó un rechazo al proyecto de cambios en la ley nacional de discapacidad

La Comisión de Personas con Discapacidad y Accesibilidad Universal, presidida por la edil oficialista Mónica Rosales (HUxC), expresó este lunes por unanimidad su “profunda preocupación y rechazo” al proyecto del Gobierno nacional que impulsa cambios en la Ley N°27.793 de Emergencia en Discapacidad y en la Ley N°24.901 de Sistema de Prestaciones Básicas. Además, instó a que esas modificaciones sean rechazadas en el Congreso de la Nación.

Rosales, autora de la iniciativa, cuestionó que la propuesta nacional “genera un cambio de paradigma en el sistema integral de atención a la discapacidad en Argentina, y evidencia una transición del modelo histórico de universalidad y solidaridad, hacia una lógica de mercado, constituyendo un retroceso que vulnera derechos humanos fundamentales de las personas con discapacidad”.

Explicó que históricamente el sistema se apoyó en el Fondo Solidario de Redistribución (FSR) y en un Nomenclador Nacional único, mientras que el proyecto oficial avanza en la eliminación del Nomenclador, habilitando que “cada obra social o prepaga fije aranceles de manera discrecional y arbitraria”, dejando a los prestadores a merced de lo que fijen unilateralmente dichas empresas.

“Esto rompe la referencia común, fragmenta el sistema y deja a prestadores y personas con discapacidad en una situación de extrema vulnerabilidad”, aseguró Rosales.

Otro punto que marcó es la instauración de una "incompatibilidad absoluta" entre el cobro de la pensión no contributiva y el empleo formal. “Es una medida regresiva y discriminatoria, que obliga a la persona con discapacidad a elegir entre la seguridad de su pensión o la incertidumbre de un empleo”, afirmó.

“Nos preocupa cómo incidirán estos cambios en la vida cotidiana de las personas con discapacidad y sus familias. En lugar de garantizar derechos, hay una mirada basada en la desconfianza. Está bien que el Estado controle, pero no que recorte y que la gente se quede sin prestaciones”, completó.

Como invitados, se explayaron sobre el tema Carolina Armeloni, presidenta de la Cámara de Prestadores de Discapacidad de la Provincia de Córdoba (Capredis); Verónica Prieto, directora del Centro de Día 5 Sentidos; y Leonardo Basconi, del Cottolengo Don Orione.

Armeloni graficó que se viene un esquema “muy regresivo”, que obliga a optar por una pensión de $270 mil o trabajo en blanco, sabiendo que la pensión no cubre la canasta mínima y que una persona con discapacidad difícilmente acceda a un trabajo bien remunerado.

“Nos dicen que quiere evitar el fraude con pensiones, cuando el fraude real se hace con medicación y ortopedias”, dijo, tras recordar “el caso Spagnuolo” y las denuncias por pago de coimas en Andis (Agencia Nacional de Discapacidad).

“Lo más grave es que están destruyendo las prestaciones básicas, se pierden 20 años de avances en derechos. Quieren desmantelar el Nomenclador, lo que elimina la equidad y la accesibilidad a los servicios. En materia de discapacidad, cuando el Estado no está, no hay nadie. No hay plan B”, alertó Armeloni.

Por su parte, Prieto advirtió que muchas organizaciones “están fundidas y van desapareciendo”, en un contexto donde el Estado no tiene estructura propia para atender a las personas con discapacidad. “El propio (jefe de Gabinete, Manuel) Adorni reconoció que nos deben $70 mil millones los prestadores”, graficó.

Basconi, en tanto, dijo que instituciones como el Cottolengo son “garantía” de que no hay fraude. “Enviamos 150 casos para que hicieran la auditoría nacional y nunca nos respondieron”, se quejó.

Martín Juez (Frente Cívico) admitió que la situación lo “incomoda profundamente” en su condición de aliado político del Gobierno nacional y hermano de una persona con discapacidad, pero ratificó su voto favorable al proyecto. “Soy pragmático. Los cambios del Gobierno afectan a los que menos tienen. Pido instar a los legisladores nacionales a que rechacen la nueva ley. Reconocer los problemas no te hace menos oficialista”, señaló.

Las opositoras Elisa Caffaratti (UCR) y Soher el Sukaría (PRO) afirmaron que también Apross tiene deudas con prestadores y alertaron que, al no haber una mayoría oficialista, la aprobación en el Congreso del proyecto nacional depende en última instancia de los gobernadores.

El proyecto se aprobó por unanimidad.