La Voz En Vivo. Discapacidad en alerta: advierten que la eliminación del nomenclador nacional dejaría las prestaciones "libradas al mercado"
La abogada Marta Lastra analizó en el streaming La Voz En Vivo el impacto del proyecto de ley que busca desregular los aranceles y el financiamiento del sistema de atención para personas con discapacidad.
El Gobierno nacional impulsa un proyecto de ley que propone la eliminación del nomenclador nacional de prestaciones para personas con discapacidad, una medida que genera una profunda preocupación en el sector.
Durante una entrevista realizada en el programa La Voz En Vivo, la abogada especialista Marta Lastra advirtió sobre las graves consecuencias de esta iniciativa para la continuidad de los tratamientos.
El nomenclador funciona actualmente como un listado enunciativo que ordena la ejecución de las prestaciones y establece un piso mínimo para el valor de los aranceles en todo el país.
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Esta herramienta es la que garantiza la universalidad del sistema, permitiendo que cualquier persona acceda a la misma calidad de atención sin importar su capacidad económica.
Según explicó Lastra, la eliminación de este piso de garantía dejaría a miles de usuarios bajo las reglas de la oferta y la demanda. "Nos lleva a tener personas con discapacidad de primera, segunda, tercera o quinta categoría según sea su condición económica", afirmó la especialista.
El impacto de la desregulación arancelaria
La abogada calificó la intención de destruir el nomenclador como un trato "deshumanizante" que prioriza el beneficio del mercado por sobre el bienestar de los pacientes. En la actualidad, por ejemplo, una prestación ambulatoria de psicología o psicopedagogía tiene un valor de piso de 18.000 pesos.
Sin la vigencia de este valor de referencia, las obras sociales y prepagas tendrían la potestad de decidir cuánto están dispuestas a pagar por cada servicio. Lastra advirtió que muchas empresas de medicina prepaga ya intentan abonar montos inferiores a los establecidos, obligando a las familias a recurrir a amparos judiciales.
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"Es muy difícil entender este escenario, me preocupa este trato tan deshumanizante que hoy nos divide como sociedad", expresó Lastra durante la entrevista. Para la especialista, la incertidumbre que genera este proyecto afecta directamente la salud mental y la estabilidad de las familias.
Financiamiento y crisis del Fondo Solidario
El sistema de discapacidad se sustenta a través del Fondo Solidario de Redistribución, integrado por un porcentaje de los aportes de los trabajadores activos a las obras sociales. Sin embargo, este fondo atraviesa una crisis debido a la disminución de aportantes por despidos y al aumento de la demanda de recursos.
Lastra explicó que, mediante un decreto reciente, se permitió que las empresas de medicina prepaga también retiren fondos de este pozo común para cubrir sus prestaciones de discapacidad. Esta situación ha provocado que "entre menos plata al fondo y salga mucha más", sin que las prepagas aporten de manera proporcional a sus ingresos de mercado.
La abogada señaló que este proceso de desfinanciación pone en riesgo la cadena de pagos de todo el sistema. Mientras que organismos como Pami o el programa Incluir Salud han cortado los pagos, el sector privado muestra un incumplimiento creciente incluso ante sentencias judiciales.
La situación en Córdoba y el pedido al Congreso
En el ámbito local, la obra social provincial Apross decidió hace unos meses equiparar sus valores a los del nomenclador nacional. Según Lastra, esta decisión política permitió que la entidad funcione mejor actualmente, logrando realizar los pagos a los prestadores en un plazo menor a los 90 días.
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No obstante, el panorama general en la provincia sigue siendo complejo debido a procesos de reempadronamiento y limitaciones en las prácticas autorizadas por otras coberturas. "Necesitamos la tranquilidad de saber que van a tener continuidad y calidad en las prestaciones", enfatizó.
Ante la posibilidad de que el proyecto avance en el Congreso, las organizaciones de discapacidad han iniciado una campaña de visibilización. A principios de 2024, un intento similar por decreto fue frenado por la Cámara de Diputados, pero ahora el Ejecutivo busca convertirlo en ley.
"Les pedimos a los senadores y diputados que no acompañen este proyecto de Milei que ataca a la discapacidad", concluyó Lastra. Las familias esperan que el Estado no se retire de su rol regulador para evitar que la salud de los más vulnerables quede sujeta a decisiones corporativas.
