Campesinos piden más control público
Proponen asignar más presupuesto al Registro de Poseedores. Y que visiten los parajes rurales para hacer las verificaciones "in situ".
La disputa por tierras se da en un contexto complejo determinado por la inseguridad jurídica sobre inmuebles rurales, semi rurales y urbanos. Así lo ve el Movimiento Campesino de Córdoba. Éste es un espacio que comparten varias organizaciones de base con el fin de reivindicar la producción rural y la vida campesina, garantizar el acceso a los recursos y defender el derecho a la tierra.
"Un problema central para las familias campesinas es el alto costo de la confección de los planos de mensura, prueba gravitante para defender la posesión y evitar los desalojos forzosos, que implican una clara violación de los derechos humanos", plantea Ramiro Fresneda, abogado y militante del Movimiento Campesino de Córdoba. Esta organización presentó 300 solicitudes ante la Unidad Ejecutora, "de las cuales muchas se extraviaron y otras fueron cajoneadas", asegura el letrado. Reconoce, no obstante, que "la actual gestión de (Manuel) Rivalta ha demostrado voluntad de resolver el problema, pero -sostiene- es necesario avanzar de forma urgente en la inscripción de las posesiones reales".
Más personal y presupuesto. Para el dirigente campesino, resulta imprescindible asignar más presupuesto al organismo, aumentar el personal para que pueda visitar los parajes rurales del interior y realizar verificaciones in situ de las tierras "que las familias campesinas vienen poseyendo de manera pacífica y pública desde hace décadas". Fresneda entiende que esas condiciones son necesarias para diseñar una política pública en la materia "que sea eficiente e integral y dé solución definitiva al problema".
Y propone la conformación de una mesa de trabajo con representantes de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de universidades y de pequeños productores para debatir la problemática, y la modificación de la ley 9.150 "para mejorar su aplicación en la práctica".
