Justicia. La Asociación de Magistrados licencia a su vicepresidente José Argüello, tras polémica con una condena por abuso
La decisión se conoció luego de la difusión de audios que lo vinculan con el asesoramiento a un hombre condenado por abuso contra su hija.
El consejo directivo de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia de Córdoba otorgó una licencia por tres meses al vicepresidente 1º de la entidad, el juez José Orlando Argüello, en medio de la controversia generada por su presunta participación en el asesoramiento a un hombre luego condenado por abuso sexual contra su hija.
La decisión fue comunicada mediante un breve comunicado institucional en el que la entidad expresó: “En el día de ayer se le ha concedido al Vicepresidente 1º, Dr. José Orlando Argüello, licencia por el término de tres meses con motivo de las razones que son de público conocimiento”.
La resolución se conoció luego de que trascendieran audios en los que el camarista habría mantenido conversaciones con un hombre acusado de abuso sexual gravemente ultrajante contra su hija menor de edad.
En los audios, que trascendieron en el programa Otra Vuelta de Tuerca, de Radio Universidad, y también difundidos por la legisladora Luciana Echevarría, se escucha una llamada telefónica que sería entre Argüello y su amigo, un hombre acusado de abuso hacia su hija.
Allí Argüello le daría recomendaciones sobre la estrategia de defensa e incluso sugiriendo contactos con profesionales que podrían intervenir en el proceso judicial.
El juez integra la Cámara del Crimen de los tribunales de Río Tercero.
Repudio en la Legislatura
El caso generó repercusiones políticas y judiciales. La legisladora Luciana Echevarría (MST-FITU), quien difundió públicamente la situación, consideró que la licencia “no alcanza” y reclamó avanzar con la destitución del magistrado.
Según sostuvo, la medida adoptada por la Asociación de Magistrados “evidencia la gravedad del caso y demuestra la importancia de las redes de mujeres, de madres protectoras y de organismos de derechos humanos que impidieron la impunidad del abusador”.
Echevarría cuestionó además que, según el material difundido, Argüello habría aconsejado al acusado orientar la estrategia judicial hacia la deslegitimación del testimonio de la niña mediante la utilización del denominado Síndrome de Alienación Parental (SAP), una figura sin aval científico utilizada en algunos procesos judiciales para cuestionar denuncias de abuso intrafamiliar.
Pedido de Jury
El caso también motivó un pedido de jury contra Argüello impulsado por la Comisión de Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Traslasierra, que cuestionó su accionar durante el proceso judicial en el que el acusado finalmente fue condenado a 11 años de prisión por abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo y promoción de la corrupción de menores.
De acuerdo con la reconstrucción del caso difundida públicamente, el juicio se extendió durante 11 meses y estuvo a cargo del juez Enrique Buteler. La duración del proceso había generado cuestionamientos por parte de la familia de la víctima.
Los audios revelarían conversaciones en las que el entonces funcionario judicial analizaba la situación procesal del acusado y sugería alternativas para mejorar su posición en el expediente, incluso proponiendo coordinar acciones con los abogados defensores.
Hasta el momento, el comunicado de la entidad no brinda detalles adicionales sobre los fundamentos de la licencia ni sobre eventuales medidas disciplinarias posteriores, aunque el caso continúa bajo análisis en distintos ámbitos institucionales.
