Conflicto. Senasa ratificó a la caravana electrónica y productores cordobeses deberán reclamar en la Justicia
El organismo sanitario cerró la vía administrativa, lo que traslada el conflicto directamente a los tribunales, mediante la presentación de amparos.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) desestimó oficialmente el recurso administrativo presentado por un grupo de productores ganaderos de Córdoba que buscaba frenar la implementación obligatoria de las caravanas electrónicas.
Con esta resolución, firmada por la presidenta del organismo, María Beatriz “Pilu” Giraudo, se cerró la vía administrativa, lo que traslada el conflicto directamente a los tribunales federales mediante la presentación de amparos.
Un golpe económico para el sector primario
La solicitud, liderada inicialmente por el productor cordobés Carlos Baravalle (vicepresidente de Bases Federadas), se centra en el impacto económico que esta medida supone para los criadores. Según estimaciones del sector, la transición hacia la trazabilidad individual mediante chips representa un costo global superior a los U$S 30 millones.
Los productores denuncian que este desembolso es un gasto neto que no se traduce en un mejor precio de venta para su hacienda. El malestar se intensificó luego de que el Gobierno anulara una licitación internacional que preveía la distribución gratuita de 24 millones de dispositivos, trasladando finalmente la totalidad del costo al bolsillo del productor.
Actualmente, cada chip tiene un valor de entre U$S 1,50 y U$S 2, sumado a los lectores electrónicos cuyos precios oscilan entre U$S 500 y U$S 800.
El rol de la trazabilidad
En los fundamentos de su rechazo, el Senasa aclaró que el objetivo de la medida no es optimizar los índices productivos dentro de los campos, sino robustecer la trazabilidad sanitaria y epidemiológica a nivel nacional. El organismo sostiene que el uso de estos dispositivos permite:
- Lecturas inequívocas y automatización de registros.
- Disminución del margen de error informático.
- Agilidad en la respuesta ante emergencias o brotes sanitarios.
Sin embargo, desde el sector ganadero argumentan que los beneficios de esta tecnología serán capturados principalmente por los frigoríficos exportadores para consolidar su acceso a mercados exigentes como Japón y Corea, sin que el beneficio llegue al eslabón primario.
Falta de diálogo y futuro judicial
Los grupos afectados también denunciaron un cerrojo en el diálogo oficial, señalando que el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, se negó sistemáticamente a conceder audiencias para discutir prórrogas o modificaciones al programa.
Ante este escenario, y con el reconocimiento oficial de que la medida responde a fines burocráticos y comerciales ajenos a la eficiencia en el campo, los productores disidentes cuentan con un plazo de 180 días para formalizar sus demandas ante la Justicia.
El conflicto promete escalar mientras las bases ganaderas mantienen su postura contra una normativa que califican de “inútil y costosa”.
