Situación social. El 83,5% de los trabajadores argentinos sacrifican cantidad o calidad de sus comidas durante el horario laboral
Según un estudio del Observatorio de la Deuda Social de la UCA y Edenred, comer en el trabajo es un beneficio que sólo tienen garantizados los empleos de mayor calidad. En la Región Centro, la vulnerabilidad alimentaria es mayor que en el promedio del país. El exceso de peso por mala calidad alimentaria, un problema para la salud y para el trabajo.
La alimentación durante la jornada laboral en Argentina ha dejado de ser un hábito garantizado para convertirse en un crudo reflejo de las desigualdades estructurales y la erosión del poder adquisitivo. El informe "La alimentación y comensalidad en población asalariada de la Argentina", elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA), en colaboración con Edenred, revela que el 83,5% de la fuerza laboral padece algún tipo de vulnerabilidad alimentaria.
Mientras que a nivel nacional el 22,6% de los trabajadores no suelen comer nada durante su jornada laboral, en la Región Centro –que comprende a Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos– esta cifra se eleva al 30,5%. Esto implica que casi uno de cada tres cordobeses y trabajadores de la zona omite por completo la ingesta de alimentos en su horario de trabajo.
Pese a que el 44,5% de los trabajadores de la zona utilizan el comedor de la empresa –uno de los porcentajes más altos del país–, la restricción económica golpea con fuerza: el 58,9% de los trabajadores del centro del país admiten haber tenido que saltear alguna comida por falta de recursos.
Además, el 55,3% sufre lo que el informe denomina "vulnerabilidad combinada", es decir, experimentan simultáneamente la falta de cantidad y la degradación de la calidad nutricional en sus platos.
La geografía del consumo también muestra rasgos distintivos. En esta región, la comensalidad en soledad alcanza al 35% de los asalariados, superando el promedio nacional del 32,3% y la media del Amba.
A nivel nacional, el estudio –basado en una encuesta a 1.171 trabajadores formales– expone un panorama crítico e indica que solo el 16,5% de la fuerza laboral está libre de privaciones alimentarias.
El 61,1% de los asalariados admiten saltear comidas durante su jornada por motivos económicos; de este grupo, 14,4% lo hace de manera regular y un 46,7% de forma ocasional.
Esta "deuda alimentaria" tiene un impacto desproporcionado en los eslabones más jóvenes de la cadena productiva. El 70,7% de los trabajadores de entre 18 y 29 años omiten comidas, un ajuste forzado por salarios iniciales que no logran cubrir el costo de vida.
Asimismo, la calidad es la primera variable de ajuste: el 78,5% de los trabajadores optaron por alimentos menos nutritivos y más económicos (como harinas y ultraprocesados) para poder completar su jornada.
Como advierte Ianina Tuñón, investigadora responsable del informe, los ingresos no logran cubrir los costos mínimos de nutrición, lo que obliga a los empleados a sacrificar su bienestar como mecanismo de supervivencia.
El costo de almorzar: entre $ 5 mil y $ 10 mil diarios
Almorzar en el trabajo se ha transformado en un "costo operativo" que presiona el salario real. El 43,9% de los trabajadores gastan entre $ 5.001 y $ 10 mil por día para alimentarse en la oficina, mientras que un 20% supera los $ 10 mil diarios.
Estos montos explican por qué la estrategia más extendida es llevar comida preparada desde el hogar (37,7%), aunque el 21,8% depende exclusivamente de la compra en comercios cercanos.
El apoyo monetario o en especie del empleador es más habitual entre los salarios altos, mientras que la falta de toda contribución es persistente en los sectores de menores ingresos. “Es altamente regresivo”, entiende Ianina Tuñón.
A su vez, el 41,8% de los asalariados de ingresos altos tienen acceso a comedores en su empresa, beneficio que solo alcanza al 25,4% de los trabajadores en el escalafón de ingresos más bajos.
En esa misma línea, el 86,7% de los empleados con menores ingresos deben optar por alimentos menos nutritivos y más baratos (como harinas y ultraprocesados). Para los ingresos más altos, este ajuste afecta al 63,5%.
Y existe una doble vulnerabilidad: el 68,8% de quienes perciben salarios bajos sufren la "vulnerabilidad combinada" (comer poco y mal, simultáneamente), realidad que cae al 31,6% en los sueldos más altos.
La infraestructura del lugar de trabajo es otra clave. El estudio demuestra que entre quienes no cuentan con heladera o microondas, el salteo de comidas asciende al 72%.
En contraste, contar con un comedor o recibir viandas reduce la incidencia de la vulnerabilidad al 43,9%.
Un aspecto positivo que marcan desde UCA y EdenRed de la reforma laboral es que admite los comedores externos, algo que podría facilitar la accesibilidad a otros trabajadores del beneficio de comedor, que hoy solo tienen quienes están en empresas grandes que cuentan con este servicio para sus empleados.
“Actualmente, el acceso a estos beneficios es regresivo: el 55,6% de los asalariados no reciben ninguna contribución de su empleador, y este vacío es más profundo en los sectores de menores ingresos”, señalan.
El impacto de la mala alimentación
La precariedad alimentaria no solo afecta el bolsillo, sino que impacta directamente en la salud pública. El informe revela que el 23,1% de los asalariados argentinos presentan obesidad (IMC > 30).
La prevalencia de esta condición se estabiliza en torno al 30% en trabajadores mayores de 45 años.
El exceso de peso es una problemática masiva que afecta al 59,7% de los trabajadores, desglosado en el 36,6% con sobrepeso y el 23,1% con obesidad (IMC > 30).
Al cruzar estos datos con los niveles de ingresos y las condiciones laborales, se observan patrones que vinculan la precariedad económica con el deterioro físico.
Aunque la obesidad es un problema transversal, las mayores tasas se concentran en los sectores de menores recursos, donde la alimentación suele ser de menor calidad nutricional:
- En el estrato de menores ingresos (hasta $ 800 mil), la obesidad alcanza al 23,4% de los trabajadores.
- En el sector de mayores ingresos (más de $ 2 millones), la cifra desciende al 21,1%.
La percepción de los propios trabajadores es coherente con estos datos: el 35,7% califica su dieta como poco o nada saludable. El 21% de los asalariados con menores ingresos describen su estado de salud como "regular o menos", mientras que en los estratos de mayor poder adquisitivo esta valoración cae al 10,6%.
Esta visión negativa se dispara al 43,8% en el sector público y al 44,9% entre quienes no completaron el secundario, sectores donde la infraestructura alimentaria es más escasa.
Ante este escenario, el 80,4% de los asalariados se manifiestan a favor de recibir un aporte de su empleador para la alimentación, con libertad de elección. El apoyo es casi total entre los sectores más vulnerables: el 90,1% en la construcción y el 91,5% entre quienes ya sufren las dos caras de la vulnerabilidad (comer poco y mal).
Las investigadoras entendieron que buena parte del éxito de este aporte se vería reforzado con educación alimentaria.
Según Bárbara Granatelli, de Edenred, este pedido transversal no es solo un dato estadístico, sino una señal urgente de que la alimentación laboral debe dejar de verse como un beneficio discrecional para entenderse como un pilar de la productividad y la salud colectiva.
