Los 30 días extras que tuvo Milena
A menos de un año de haber decidido la cobertura del cuarto mes de licencia por embarazo, el Gobierno provincial la derogará para el sector privado. Laura González.
Milena tiene 32 años y en septiembre pasado nació su segunda hija. Trabaja en una compañía de teléfonos móviles. Dejó su oficina un mes antes de la fecha probable del parto e hizo uso de los cuatro meses de licencia: tres a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social y el cuarto a cargo del Gobierno de Córdoba, con un tope de seis mil pesos.
“Para mí fue fantástico, porque mi beba se demoró una semana más en nacer, así que la hubiera tenido que dejar en la guardería sin tener siquiera dos meses”, calcula. “Yo creo que al resto del mundo un mes no le cambia la vida, pero para nosotras dos, un mes más fue importantísimo”, dice Milena.
La provincia de Córdoba fue pionera, en Argentina, en extender la licencia de maternidad de tres a seis meses. Lo circunscribió al ámbito de la administración pública, pero luego –ante la queja de algunos sectores– lo extendió 30 días adicionales al sector privado.
En el tercer mes de su licencia, la mamá debe tramitar en el Gobierno provincial el pago de un mes más.
En ningún caso la empresa tiene costo adicional salarial si está registrada la empleada que espera un bebé.
Es más: durante el período de licencia, no paga salario ni cargas sociales sobre la empleada embarazada. Sí asume el costo de un reemplazo, si así lo decidiera.
Lo que declaró el Ejecutivo en aquel momento fue la necesidad de proteger la maternidad.
Parece necesario empezar a pensar en eso, como lo han hecho ya sociedades más desarrolladas y envejecidas.
Menos niños. La realidad indica que, tanto en Córdoba como en el país, hay cada vez menos niños, pese a que la población creció 10 por ciento entre 2001 y 2010. En la provincia, había 544.426 chicos de 0 a 9 años en 2001. Pero en 2010, la cifra descendió a 528.145, es decir, cayó tres por ciento.
Menos niños serán, en el mediano plazo, menos adultos trabajadores que sostengan a los jubilados.
Habrá menos contribuyentes, problemas en los sistemas previsionales y será más alto el esfuerzo ciudadano para sostener la cobertura de salud de la población mayor.
También implicará resignificar los espacios públicos y adaptarlos a la movilidad propia de las personas mayores, entre otras cosas.
En 2001, en Argentina la tasa de fecundidad indicaba 2,4 hijos por mujer. En 2010, fue de 2,3 hijos: es 4,1 por ciento menos. Le corresponde al Estado tomar la iniciativa de cuidar su población futura.
A menos de un año de haber decidido esa cobertura, el Gobierno provincial la derogará sólo para el sector privado. Se argumenta ahora que el Estado no puede hacer lo que le corresponde al sector privado. Falacia: la cobertura de la maternidad está en Argentina en manos de los estados, municipales, provinciales o nacional.
Fue la vuelta que se le encontró a la inserción igualitaria de la mujer en el mercado laboral y un freno a quienes prefieren contratar sólo varones.
También se dice que de las 820 madres que hicieron uso del cuarto mes, la mayoría era de sueldos altos. ¿Cuál es el problema? ¿Eso corre para el sector privado y no para el público? Lo que se busca consolidar es el vínculo de la madre con su bebé, independientemente de que esta orille los seis mil pesos de tope.
Falta mucho todavía por hacer. Faltan guarderías para que las mamás de todos los sectores sociales puedan trabajar y faltan mentes amplias que defiendan ese lazo tan íntimo que tejen una madre con su cría los primeros seis meses de vida.
Pero lo que más falta es una igualdad en serio. Porque a una mamá que trabaja en negro (en la Argentina, el 34,1 por ciento de los trabajadores no está registrado) le faltan aún muchos derechos: la despiden cuando comunica el embarazo y, si así no fuera, la ley no la protege para recibir siquiera un día de licencia.

