Estafa o corrupción
La polémica alrededor de las obras por un costo de 280 millones pesos en Capilla del Monte revela los efectos de la discrecionalidad en el manejo de los fondos públicos por parte del Estado.
La noticia más polémica de esta semana se originó en Capilla del Monte, ciudad de unos 10 mil habitantes situada 110 kilómetros al noroeste de la capital de la provincia de Córdoba. De allí surgió una denuncia que reabre las sospechas sobre el manejo discrecional de fondos públicos por parte del Ministerio de Planificación Federal, que conduce Julio De Vido.El denunciante fue el concejal peronista Ángel Zanotti, quien acusó al intendente de esa ciudad –el radical Gustavo Sez– de contratar, sin licitación previa, a la empresa riocuartense Mundo Estructura SRL, para emprender obras por más de 280 millones de pesos.Lejos de negar el contenido de la acusación, Sez reveló que fueron dos supuestos funcionarios del Ministerio de Planificación –Fabián Peña y Víctor Barahona– quienes se reunieron con él y con los concejales y les ofrecieron realizar trabajos por el monto citado. La única condición era contratar de manera directa a la constructora de Río Cuarto.Según constató este diario, dicha empresa carece de trayectoria en el ámbito de la construcción y recién recibió el alta de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) en mayo de este año. Además, comparte sede fiscal con otras dos empresas de dudosos antecedentes.En medio de la polémica, De Vido salió a desmentir a Sez y negó que su ministerio imponga a los intendentes qué empresas deben contratar para realizar obras con fondos nacionales.Asimismo, desde Planificación Federal afirmaron que no existe ningún convenio entre esa cartera y el municipio de Capilla del Monte para la ejecución de las obras mencionadas y no hay prevista ninguna inversión para la localidad cordobesa en el presupuesto del ministerio.Tanto De Vido, en su comunicado, como el diputado nacional Fabián Francioni –principal referente del kirchnerismo en Córdoba–, en declaraciones a este diario coincidieron en enfatizar que no existen "intermediarios" entre la Nación y los intendentes.De modo que en la situación actual resulta difícil saber si se trata de un caso de corrupción fallida –la versión de Zanotti– o un caso de estafa fallida –la versión de De Vido y Franconi.Ninguna de las dos posibilidades se hubiera materializado si no existiera un largo historial de discrecionalidad en el manejo de fondos públicos por parte del Ministerio de Planificación.El área de De Vido, en particular, y el gobierno de Cristina Fernández, en general, suelen premiar y castigar a intendentes y gobernadores de acuerdo con las conveniencias del momento.Si bien esa discrecionalidad no es necesariamente un acto de corrupción, evidencia una falta de respeto por la transparencia administrativa que resulta incompatible con los principios democráticos y federales de Argentina.
