Las necesidades de la gente

Faltan más de siete meses para las elecciones legislativas en la Argentina y, sin embargo, toda decisión de gobierno está teñida por las peleas políticas entre los diferentes niveles de la administración y entre los dirigentes con expectativas partidarias. A esta sentencia no son ajenos la presidenta Cristina Fernández y el gobernador José Manuel de la Sota, quienes trabajan para construir su futuro político en torno de los comicios generales que se efectuarán en 2015, a los cuales se llega con un buen jalón si se gana en la próxima contienda electoral.Sólo este cálculo político puede explicar la inexplicable decisión adoptada por el Banco de la Nación Argentina, que evitó firmar los avales que harían viable un crédito de 275 millones de dólares para la construcción de los gasoductos troncales en Córdoba. Se trata de una de las obras más emblemáticas para el desarrollo social y económico de la provincia, con financiamiento asegurado por un banco brasileño.La gestión administrativa ya había atravesado todas las instancias burocráticas y técnicas. Como se trata de un crédito internacional otorgado en forma directa a la Provincia, se requería, entre otras autorizaciones, las del Ministerio de Economía de la Nación y del Banco Central, las cuales fueron dadas para garantizar –vía la coparticipación federal de impuestos– el pago de las obligaciones.Pese a haber superado esas instancias y a tratarse de un crédito a largo plazo, con un tasa de interés del cuatro por ciento anual, una de las más bajas en el mercado financiero internacional, el Banco de la Nación volvió a foja cero un trámite que llevaba dos años de gestiones.No se justifica la supuesta necesidad de revisar todo el proceso por supuestos cambios en la estructura de costos de la obra, que comenzó con un presupuesto de 1.370 millones en 2009 y llega ya –por el proceso inflacionario– a dos mil millones, ya que el monto del crédito del banco brasileño no ha variado en ninguno de sus aspectos.La verdadera razón de esa resolución es demorar la obra que lleva adelante la actual gestión provincial, enmarcada en la pelea política entre Cristina Fernández y De la Sota. Ambos están protagonizando a destiempo una puja que no favorece el desarrollo social ni económico no sólo de Córdoba, sino del país.Con esa nueva traba se perjudican 100 poblaciones del interior provincial, en las cuales residen unos 400 mil habitantes y en las que tratan de sobrevivir unas mil industrias. Además, la instalación de 1.700 kilómetros de gasoductos y de 120 módulos de presión en la superficie iba a generar cientos de puestos de trabajo.El crédito está a punto de caerse y la no realización de la obra afectará, sin dudas, el crecimiento del interior cordobés. La sociedad no se merece este regalo de su clase dirigente.