Justicia con libreto

Antes de que los proyectos de la presidenta Cristina Fernández llegaran a las comisiones legislativas del Congreso para su análisis, el kirchnerismo ya había anticipado que no aceptaría cambiar "ni una coma". Así, el monólogo entre oficialistas y paraoficialistas se torna aburrido en el Congreso, en cuyo ámbito se usaron curiosos argumentos para respaldar proyectos que revelan un peligroso autoritarismo y la intención de controlar a un poder independiente, como es la Justicia.Por caso, la diputada nacional Diana Conti, reconocida por sus posiciones ultraoficialistas, sostuvo ahora que el partido mayoritario debe controlar los tres poderes del Estado.La afirmación tiene la gravedad implícita no sólo de reconocer la intención de dominar a la Justicia, sino también de revelar ignorancia del sistema republicano, elegido por el pueblo argentino casi desde la Independencia y ratificado por la Constitución de 1994.Pero el barbarismo legislativo del kirchnerismo no se detiene allí. En su afán por cumplir rápidamente con la voluntad de la jefa del Estado, eludió convocar a autoridades académicas y a científicos para conocer sus opiniones sobre los controvertidos proyectos.Esto pese a que ambos sectores de la sociedad podrán sumar ahora sus mejores representantes al Consejo de la Magistratura. Académicos y científicos deberán necesariamente alinearse a un partido político para integrar un cuerpo que tendrá la facultad de controlar las actuaciones de los jueces actuales y de revisar los antecedentes de los postulantes a la Justicia Federal.Como suele hacer el kirchnerismo para disfrazar sus intenciones, existen temas con amplio consenso social entre las iniciativas enviadas. Entre ellos, se destacan el ingreso por concurso a los tribunales, la publicidad de los actos judiciales y la declaración jurada de los bienes de funcionarios y magistrados. Estos proyectos merecen el respaldo de todos los sectores.En cambio, son reprochables los que pretenden politizar la constitución y el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, que el oficialismo no pudo controlar hasta ahora; la conformación de cámaras de casación, que conllevan el objetivo de paralizar decisiones judiciales y evitar el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia en numerosas causas, y el carácter suspensivo y acotado de las medidas cautelares.Esta prerrogativa dejará sin amparo a los ciudadanos y empresas frente a la inmensa potestad del Estado, que podrá así disponer de la vida y de los bienes de quienes se sienten perjudicados por decisiones arbitrarias y anticonstitucionales.La obediencia debida de los legisladores kirchneristas a la Presidenta debe ser modificada para evitar que el libreto político termine por imponerse en los despachos judiciales, por encima de quien defiende sus derechos.