Frases efectistas
Parece que la presidenta Cristina Fernández y sus funcionarios han puesto como único objetivo de sus actuaciones atacar a la prensa independiente, para disimular los errores de gestión.
El Gobierno nacional arrastra, desde comienzos del segundo mandato de la presidenta Cristina Fernández, diversos problemas, con mayor impacto en los temas de la economía y la seguridad ciudadana. La suma de errores alimentó el rechazo de la sociedad a las políticas oficiales, en especial a las relacionadas con las restricciones para operar con dólares. La falta de respuestas oficiales a la creciente inseguridad y la posible reforma de la Constitución para instalar la re-reelección también generaron reacciones adversas.Estos hechos provocaron una fuerte caída en la imagen presidencial, que alcanzó su máxima expresión con el cacerolazo del 13 de septiembre, que reunió al mayor espectro opositor en los casi cinco años de mandato de la Presidenta.Esta situación puso a la defensiva al Gobierno. Con el objetivo de retomar la ofensiva, Cristina convocó el miércoles último a un acto multisectorial en la Casa de Gobierno, con motivo de cumplirse tres años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.Esa norma, como lo han reconocido exponentes del espectro de las comunicaciones, no tiene otro objetivo que desprestigiar y despedazar al Grupo Clarín y otros medios de prensa que han sostenido una posición independiente y pluralista, más allá del agravio y el ataque permanentes de los aplaudidores oficiales.En esa ceremonia, la Presidenta volvió a distorsionar los contenidos de la resolución de la Corte Suprema de Justicia, que estableció al 7 de diciembre –"7D" en la cantinela oficial, en alusión al Día D, en el que los aliados desembarcaron en Normandía– como la fecha en la que debe cesar la actual medida cautelar sobre los artículos 45 y 161 de la mencionada ley, que el Grupo Clarín considera inconstitucionales.Esa fecha, contrario a lo que proclama el Gobierno, es sólo el límite en el que debe pronunciarse o disponer nuevas medidas el juez actuante en la causa.Como sucede en las repúblicas más desarrolladas, es la Justicia –y no el Poder Ejecutivo– la que debe dictaminar si una ley o algunos de sus artículos, sancionados por el Parlamento, violan o no los principios de la Carta Magna.En suma, se trató de una nueva cadena nacional que estuvo plagada de frases efectistas, pero que están lejos de la verdad y de la realidad.Este diario, así como la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) y editores de todo el mundo, alertaron sobre los intereses que se esconden detrás de esta campaña de ataque a la prensa independiente.El pecado capital que esta ha cometido es reflejar, precisamente, aquellas noticias y hechos que la Presidenta no quiere ver en los titulares de los diarios o en las pantallas de televisión.De allí, el ataque irracional a los medios no oficialistas, necesario para mantener la salud democrática de la Nación.
