Penas severas. Presentaron un proyecto para castigar con hasta ocho años de prisión el vandalismo rural

Últimamente se hicieron “normales” los reclamos por vandalismo rural en diferentes sectores del país. Ante estos sucesos, el diputado nacional Martín Ardohain, junto a diferentes legisladores, presentó un proyecto de ley para castigar hasta con ocho años de prisión a las personas que ejerzan cualquier tipo de daños rurales.

La propuesta comenzó a generar repercusión dentro del sector agropecuario, donde distintas entidades vienen reclamando desde hace años mayores herramientas judiciales frente al crecimiento de delitos en el campo.

Según explicaron los impulsores del proyecto, el objetivo es “restablecer el imperio de la ley” y proteger inversiones productivas consideradas estratégicas para la economía argentina.

Según argumentan los impulsores de la iniciativa, “el campo argentino enfrenta actualmente modalidades delictivas que muchas veces no encuentran una respuesta adecuada dentro de la legislación vigente, dejando al productor en una situación de gran vulnerabilidad”.

En los fundamentos del proyecto también se advierte que hechos como la rotura de silobolsas o los daños sobre infraestructura tecnológica rural continúan siendo abordados con herramientas legales “desactualizadas”, motivo por el cual consideran necesario modernizar el marco penal.

En ese sentido, sostienen que la propuesta apunta a “actualizar las normas para brindar una respuesta integral, moderna y efectiva frente a delitos que impactan de manera directa sobre la economía y el entramado social del país”.

La iniciativa además busca construir “un esquema técnico claro” que permita a jueces, fiscales y fuerzas de seguridad contar con herramientas penales más precisas y operativas para actuar ante este tipo de hechos, evitando vacíos o ambigüedades jurídicas que dificulten las investigaciones.

En términos generales, el proyecto propone endurecer las sanciones para distintos delitos rurales, incluyendo situaciones que actualmente son consideradas simples contravenciones.

Uno de los artículos establece penas de entre un mes y un año de prisión para quienes ingresen a establecimientos rurales sin autorización expresa o presunta de sus propietarios o responsables.

El texto aclara además que se considerará como señal suficiente de exclusión la existencia de alambrados, tranqueras, cercos, carteles u otros elementos que indiquen la prohibición de ingreso.

También especifica que no se configurará delito cuando existan razones de auxilio, necesidad justificada o cuando no resulte claro el límite con la vía pública.

Por otra parte, la propuesta incorpora penas más severas para hechos de vandalismo o daños sobre infraestructura productiva rural.

En esos casos, se contemplan condenas de entre dos y ocho años de prisión, además de multas económicas vinculadas al valor del perjuicio ocasionado.

Las sanciones alcanzarían a quienes destruyan, inutilicen o dañen elementos que afecten directamente el proceso productivo agropecuario, el almacenamiento de materias primas o el funcionamiento de los establecimientos rurales.

Dentro de los bienes contemplados aparecen cereales y oleaginosas almacenadas en silobolsas, tolvas o depósitos; plantaciones forestales y cultivos regionales; ganado y producción animal; además de infraestructura tecnológica como paneles solares, bombas de agua, sistemas de riego, generadores eléctricos y equipamiento utilizado en explotaciones rurales.

Por último, el proyecto también propone modificar el artículo 209 del Código Penal para agravar las penas vinculadas a la instigación pública a cometer delitos. La iniciativa contempla condenas de entre dos y seis años de prisión, con incrementos cuando la convocatoria se realice a través de redes sociales, medios masivos o plataformas digitales.