La discusión sobre la aplicación de fitosanitarios vuelve a instalarse en la agenda pública. Pero esta vez, el impulso no surge únicamente desde las entidades agropecuarias. También encuentra respaldo en legisladores nacionales, en la Secretaría de Agricultura y en una construcción técnica que lleva más de una década de trabajo: la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias.
No es un dato menor. Durante años, el debate quedó atrapado entre posiciones irreconciliables. De un lado, las demandas ambientales y sanitarias; del otro, la necesidad de producir alimentos con herramientas tecnológicas indispensables para la agricultura moderna.
En el medio, una Justicia que, ante la ausencia de una legislación nacional específica, terminó ocupando un lugar que nunca debió asumir: el de legislador.
Ese es, precisamente, el problema que productores y especialistas intentan resolver.
Argentina posee un amplio entramado normativo vinculado a los fitosanitarios. Está adherida a convenios internacionales como los de Rotterdam y Estocolmo; el Senasa regula el registro de productos, los límites máximos de residuos, la clasificación toxicológica y la gestión de envases.
Además, todas las provincias –excepto Tierra del Fuego– cuentan con leyes propias. Y, como si fuera poco, cada municipio suele incorporar sus propias ordenanzas.
Sin embargo, esa superposición de normas no ha evitado el crecimiento de los conflictos. Más bien ocurrió lo contrario.
Las medidas cautelares que restringen aplicaciones se multiplicaron durante los últimos años. Sólo en 2025, aparecieron nuevas resoluciones judiciales que volvieron a imponer amplias zonas de exclusión alrededor de centros urbanos, muchas veces sin una base científica uniforme y con criterios diferentes entre una jurisdicción y otra.
No se trata únicamente de una discusión productiva. También es un problema institucional.
Cuando no existe una legislación nacional que establezca parámetros mínimos basados en evidencia científica, cada conflicto termina resolviéndose en los tribunales. Y los jueces, al aplicar el principio precautorio previsto en la Ley General del Ambiente, suelen optar por restringir antes que permitir.
El razonamiento es comprensible: si existe la sospecha de un daño potencial para la salud o el ambiente, corresponde prevenirlo aun cuando no exista certeza científica absoluta.
El problema aparece cuando esa herramienta, concebida para situaciones excepcionales, se convierte en el principal mecanismo para regular una actividad cotidiana.
Por eso adquiere relevancia el proyecto elaborado dentro de la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias. No surge de una sola entidad ni responde exclusivamente a intereses sectoriales.
Es el resultado de 10 años de trabajo conjunto entre más de 80 organizaciones públicas y privadas, universidades, organismos científicos, empresas, productores y técnicos que buscaron construir consensos sobre una actividad tan sensible como necesaria.
La iniciativa propone una ley nacional de presupuestos mínimos para la aplicación de fitosanitarios. No pretende reemplazar las normas provinciales ni quitar facultades a las jurisdicciones locales.
Busca establecer un piso común sustentado en criterios científicos, definir zonas sensibles y de amortiguamiento, incorporar nuevas tecnologías –como los drones–, fortalecer la capacitación obligatoria de aplicadores y profundizar los mecanismos de fiscalización mediante herramientas digitales.
En otras palabras, intenta ordenar un sistema que hoy funciona con demasiadas diferencias según el lugar donde se produzca.
El propio sector reconoce que la actividad cambió de manera sustancial. Las aplicaciones son cada vez más precisas, las máquinas trabajan calibradas, los productos evolucionaron hacia formulaciones menos tóxicas y el productor tiene un fuerte incentivo económico para no aplicar más producto del estrictamente necesario.
A ello se suma un esquema creciente de habilitaciones, registros provinciales y controles que hace tiempo dejó atrás la imagen de una actividad librada a la improvisación.
Nada de esto elimina la necesidad de seguir fiscalizando. Por el contrario, una ley nacional debería fortalecer esos controles y garantizar especial protección en escuelas rurales, áreas periurbanas y otros espacios sensibles.
La gran diferencia es que ofrecería un marco técnico uniforme sobre el cual también pudiera apoyarse la Justicia.
Difícilmente una norma termine con la judicialización. Siempre existirán conflictos particulares y vecinos que recurran a los tribunales. Pero contar con una legislación nacional basada en evidencia científica elevaría el estándar de las decisiones judiciales y reduciría la discrecionalidad que hoy caracteriza a muchas cautelares.
La oportunidad política parece, además, distinta a la de años anteriores. El proyecto ya tuvo estado parlamentario y fue adaptándose a medida que evolucionaban las tecnologías de aplicación.
La iniciativa encuentra hoy respaldo entre legisladores vinculados al agro, con el músculo de la Fundación Barbechando, y existe expectativa de que el Poder Ejecutivo acompañe la iniciativa. Si ese consenso finalmente se consolida, pocos imaginan una oposición significativa en el Congreso.
