Con impacto en Córdoba. Qué dice el proyecto sobre biocombustibles que avanza en el Senado

El Senado comenzó a debatir un nuevo proyecto de Ley de Biocombustibles, -impulsado por el oficialismo- el cual busca reemplazar el régimen vigente con un esquema que incrementa los cortes obligatorios de biodiésel y bioetanol, modifica el mercado y extiende el marco regulatorio hasta el 31 de diciembre de 2031.

La normativa, que posee el respaldo de las compañías del sector e introduce un modelo regulado por los precios de paridad de importación, cuenta con la rúbrica de Patricia Bullrich en su rol de líder de la bancada de La Libertad Avanza.

Luego de dos jornadas de debate en la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, el gobierno de Javier Milei, busca consensuar un dictamen para habilitar la posterior votación del proyecto en el recinto. En caso de aprobarse, el nuevo régimen tendrá una vigencia de 15 años.

El proyecto para modificar la Ley 27.640 de Biocombustibles se estancó cuando el oficialismo fracasó en su intento de tratarlo junto a la Ley Bases.

En aquella oportunidad, el entonces secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, dio marcha atrás con la desregulación original, impidiendo la entrada de las petroleras al sector y restringiendo a las principales aceiteras.

Luego de diferentes discusiones, la gestión del actual presidente de la Nación, quitó dicho apartado de la "Ley Ómnibus" para negociar con los gobernadores y las firmas refinadoras y cerealeras.

Luego de dos años de aquel debate, la Cámara Alta busca sancionar en el corto plazo esta reforma que ya reúne el consenso del sector privado.

A nivel mundial, la discusión de la iniciativa se produce en un escenario global de mayor consumo de biocombustibles y de una fuerte suba de costos locales, lo que generó que sus valores superaran en más del 40% a los de origen fósil.

En paralelo, el retroceso en los envíos al exterior golpeó los ingresos públicos, con un costo fiscal que alcanzó los U$S 300 millones en 2025 y que sumó U$S 6.500 millones a lo largo de los últimos 15 años, de acuerdo con datos de la consultora Economía y Energía.

La propuesta del oficialismo, en cuanto a los cortes, establece para el gasoil un 7,5% como mínimo para la mezcla obligatoria de biodiesel. La idea que plantea la ley es que ese número vaya aumentando, luego del primer año de la sanción, la intención es que ese porcentaje se eleve al 10%.

Con respecto a las naftas, se estipula un corte obligatorio inicial del 12% de bioetanol, el cual se elevará al 15% una vez transcurrido los primeros 12 meses de vigencia.

Para las dos variantes, la iniciativa otorga atribuciones excepcionales a la Autoridad de Aplicación (la Secretaría de Energía) para alterar estos cupos obligatorios.

Esta medida solo podrá ejecutarse por cuestiones ambientales, sociales o económicas, sumadas a factores técnicos, de calidad o de abastecimiento interno.

Otro de los ejes centrales del proyecto contempla un plan de transición para el co-procesamiento, entendido como la integración de insumos no fósiles en la fabricación de gasoil por parte de firmas que cumplan el rol de mezcladoras y refinadoras a la vez.

La inclusión de este sistema en el cupo obligatorio del biodiésel se implementará de manera escalonada: iniciará con un 0,5% en 2028, pasará al 1% en 2029, llegará al 1,5% en 2030 y alcanzará el 2% en 2031, hasta confluir en un techo del 3%.

Asimismo, la normativa instaura un régimen de libre competencia comercial que suprime las fronteras regionales en el Mercado Electrónico general.

Sin embargo, conserva y delega la facultad de fijar zonas geográficas de negociación para el biodiésel de las Empresas No Integradas durante la etapa de transición, con el objetivo de reducir el impacto de los costos logísticos.

La iniciativa reemplaza el régimen de precios máximos por valores referenciales basados en la paridad de importación, desregulando la cotización pero habilitando la importación si se supera dicho límite.

Este punto, uno de los más debatidos en el plenario, fue señalado por el especialista de energías renovables, Claudio Molina, como una posible apertura a importaciones bajo condiciones de dumping.

Por otro lado, la propuesta determina que, a lo largo de la etapa de transición, una cuota determinada del corte obligatorio se comercialice en el mercado regulado de forma exclusiva a través de pymes independientes (empresas no integradas).

A su vez, para impedir la concentración del sector, se establece un tope anual del 14% del total comercializado por firma o grupo económico dentro de este segmento.

Otra de las propuestas es la creación de un Mercado Electrónico para centralizar la comercialización bajo normas de transparencia y gestión autónoma por parte de un organismo especializado.

Además, incentiva a las provincias como Córdoba y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a implementar regímenes voluntarios que permitan a los usuarios el acceso a mezclas con mayor concentración de biocombustible.