La discusión por una nueva ley nacional de bosques nativos empezó a tomar forma concreta en los últimos meses.
El debate actual está lejos del foco mediático que tuvo la nueva legislación de los glaciares, pero con un nivel de articulación política y técnica que no se veía desde la sanción de la norma vigente, hace ya 19 años.
Esta vez, el impulso no proviene exclusivamente del Estado nacional, sino de una construcción que se gestó desde el interior productivo, con Córdoba como uno de los epicentros.
El punto de partida fue el Pacto de Mayo, cuando el año pasado gobernadores y la Nación coincidieron en la necesidad de revisar los presupuestos mínimos de la actual legislación.
Ese consenso político abrió una ventana para avanzar en una discusión que, durante años, estuvo atravesada por tensiones entre el sector productivo y las organizaciones ambientales.
A partir de allí, la iniciativa comenzó a tomar volumen en el ámbito de las entidades rurales. La Mesa de Enlace Córdoba, bajo el paraguas institucional de la Fundación de la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (Ceea) Regional Córdoba, asumió un rol protagónico en la elaboración de una propuesta que busca reconfigurar el enfoque de la normativa.
El respaldo de la Sociedad Rural Argentina terminó de darle proyección nacional a la iniciativa, que ya está redactada, luego de la supervisión de varios estudios de abogados, como proyecto de ley.
La cronología de este proceso muestra una secuencia de gestiones que fueron ganando densidad política. A las reuniones técnicas entre dirigentes rurales les siguió un paso clave: el encuentro a fines de marzo entre Nicolás Pino y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, donde el tema ingresó formalmente en la agenda del Gobierno nacional.
Con la intención de llevar al Congreso una iniciativa oficial, que podría tener su génesis en la propuesta cordobesa, la etapa actual marca un nuevo escalón en ese recorrido.
La primera reunión formal realizada hace unos días con el subsecretario de Ambiente de la Nación, Fernando Brom, significó el inicio de un espacio de diálogo más amplio, que incluye no solo a representantes del agro, sino también a organizaciones de conservación y funcionarios técnicos.
En ese encuentro hubo presencia cordobesa: participaron Andrés Costamagna y Guillermo Laguinge, en representación de la Fundación Ceea, junto a Ivana Vidal por la Sociedad Rural Argentina, además de referentes ambientales y autoridades nacionales.
El eje central de la propuesta a la que aspira el Gobierno nacional es un cambio de paradigma.
Incentivos económicos que no llegan
La ley vigente, sancionada con un enfoque fuertemente orientado a la protección, es cuestionada por el sector productivo por su rigidez y por las dificultades que genera en su implementación.
La nueva mirada apunta a incorporar el concepto de “conservación con uso”, es decir, permitir actividades productivas bajo criterios de sustentabilidad.
Este giro no es menor. Implica pasar de una lógica restrictiva a otra que busca integrar producción y ambiente, bajo la premisa de que el manejo activo puede ser una herramienta de conservación y productiva.
En ese marco, la propuesta de eliminar el esquema de cobro de servicios ambientales tal como está planteado actualmente.
Para los productores, ese mecanismo no solo ha demostrado ser ineficiente, sino que además generó expectativas que en muchos casos no se cumplieron. Los fondos llegan tarde, en montos insuficientes o directamente no llegan, lo que debilita la credibilidad del sistema.
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En provincias como Córdoba –sostienen los productores– esta situación se traduce en una creciente frustración entre quienes mantienen áreas bajo protección sin una compensación efectiva.
La discusión sobre los presupuestos mínimos es, en este sentido, uno de los aspectos más relevantes del debate.
Con la sanción de la legislación vigente, en 2007, muchas provincias –entre las que la dirigencia agropecuaria incluye a Córdoba– decidieron pintar en sus leyes locales la mayoría de su territorio de rojo (zonas de máxima conservación), bajo la creencia de que esto les reportaría una abundancia de fondos públicos.
Este enfoque buscaba captar recursos del Estado (del total que recibe el productor, el 30% se queda en las arcas de la provincia), más que aplicar un criterio técnico de conservación real del recurso, sostienen sus detractores.
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La realidad muestra que los fondos han sido insuficientes y discrecionales a pesar de las promesas, el sistema ha sufrido 19 años de subejecución presupuestaria.
A partir de estas restricciones que vienen teniendo los productores con establecimiento en zonas rojas, el gobierno de Córdoba ha dado algunos paliativos.
Los inmuebles bajo esta categoría dentro del ordenamiento territorial están exentos del pago del Impuesto Inmobiliario Rural, siempre que cumplan con los requisitos de conservación.
Sin embargo, el objetivo de la producción y la dirigencia rural es avanzar en la modificación de la ley provincial. Y saben que con los cambios en la normativa nacional eso sería inevitable.
