Durante años, las guías ganaderas fueron una pieza más –casi naturalizada– dentro del engranaje burocrático del campo cordobés. Un trámite, un sello, un pago. Un costo más en la larga lista que acompaña al traslado de hacienda. Sin embargo, lo que alguna vez tuvo lógica operativa hoy se convirtió en el centro de una discusión que mezcla tecnología, política y presión fiscal.
El nuevo intento para eliminar este esquema en Córdoba no surgió de un día para otro. Es el resultado de un proceso que combina cambios estructurales en la forma de producir, decisiones del Estado nacional y, sobre todo, un aprendizaje político que parece haber madurado y en el que las entidades rurales jugaron un rol clave.
Un proyecto que llega con otro clima
Por lo pronto, la iniciativa que impulsa la eliminación del cobro de las guías ganaderas, presentada por el legislador Oscar Agost Carreño, avanza en la Legislatura con un dato que no es menor: tiene consenso.
Ese elemento, ausente en intentos anteriores, marca la diferencia. El proyecto ya transita su paso por la Comisión de Agricultura de la Legislatura provincial, con perspectivas de llegar al recinto impulsado no sólo por el oficialismo, sino también con acompañamiento opositor y el respaldo explícito de las entidades rurales. De tener dictamen de comisión, confían en su aprobación como ley.
El dato político es clave. En Córdoba, donde la relación entre el Estado y el campo tiene un peso específico, ninguna reforma de este tipo prospera sin volumen territorial. Y esta vez, esa condición está.
El antecedente que no prosperó
No es la primera vez que se intenta eliminar este costo. Dos años atrás, un proyecto impulsado por el legislador Rodrigo Agrelo planteó un objetivo similar, pero chocó contra una barrera conocida: la falta de consenso.
En aquel momento, la iniciativa no logró alinear intereses ni construir una mayoría suficiente. El rechazo político y la resistencia de los municipios terminaron por desactivarla antes de que pudiera avanzar.
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Lo que cambió desde entonces no es sólo el texto de la ley, sino el contexto. Hoy el reclamo del sector productivo es más uniforme, las entidades están alineadas, hay interés en el propio Ejecutivo en dejar sin vigencia la contribución, y el sistema que se busca modificar quedó más expuesto en sus inconsistencias.
El rol del Senasa: el punto de inflexión
Para entender por qué las guías ganaderas quedaron en discusión, hay que mirar hacia el Senasa. La implementación del documento de tránsito electrónico (DT-e) marcó un antes y un después.
El sistema digital reemplazó el viejo esquema basado en papel, validaciones presenciales y control fragmentado. Con el DT-e, la trazabilidad es en tiempo real, la emisión es centralizada y el control sanitario se realiza con mayor eficiencia.
Ese cambio dejó a las guías en una situación incómoda: siguieron existiendo, pero ya no cumplían la función para la cual habían sido concebidas. Lo que quedó fue el cobro.
De control a “peaje”
Con el paso del tiempo, la contribución asociada a las guías fue perdiendo su justificación técnica y consolidándose como una fuente de financiamiento local.
En la práctica, muchos productores comenzaron a percibirla como un “peaje” para trasladar hacienda, más que como el pago por un servicio concreto.
Ahí es donde el conflicto toma forma. Porque el problema no es sólo la existencia del trámite, sino la legitimidad del cobro en un contexto donde el servicio ya no se presta de manera efectiva.
La jurisprudencia es clara: una tasa requiere una contraprestación. Y en un sistema digital, sin intervención municipal directa, ese vínculo se diluye.
Durante años, las guías formaron parte de la estructura de recaudación local. Su eliminación no sólo implica un cambio administrativo, sino también un impacto en las cuentas públicas de muchas localidades.
Por eso, la resistencia no es ideológica: es fiscal.
El traslado de hacienda y un peaje que los municipios quieren seguir cobrando
El proyecto intenta amortiguar ese choque al aclarar que no se afectan las competencias propias de los municipios, sino que se elimina una función delegada por la Provincia.
El desenlace
A diferencia de lo ocurrido en el pasado, todo indica que esta vez el proyecto tiene chances reales de convertirse en ley.
Si eso ocurre, Córdoba dará un paso hacia la simplificación de su sistema productivo, al eliminarse un costo que durante años fue cuestionado.
También abrirá un nuevo capítulo: el de cómo reemplazar –o compensar– los recursos que hoy pierden los municipios. Está claro que no deben ser los ganaderos.
