Una mala experiencia estatal

La ahora llamada vieja terminal fue inaugurada en 1971 y por ese entonces era considerada una de las más modernas de América latina. 17 años después de su habilitación, en 1988, la por entonces imponente edificación construida por la empresa Benito Roggio fue adjudicada para su administración a la empresa cordobesa Ramos SA. El gobierno del radical Eduardo Angeloz ponía en marcha en la provincia un mecanismo nunca antes utilizado: la privatización de servicios.

Cuando se hizo cargo, la concesionaria debió asumir un edificio que mostraba un alto grado de deterioro por falta de mantenimiento estatal: humedad en las paredes, baños desmantelados y numerosos locales desocupados. En el primer año, la concesionaria invirtió más de dos millones de pesos (a valores de 2000) sin contar las inversiones individuales de los locatarios que se expandieron a partir de la privatización. Ramos después se transformó en Netoc, y aunque en los últimos años la concesionaria no ha realizado las inversiones que demanda el edificio (pintura, cambio de pisos, entre otras cuestiones), el contraste con el abandono que tuvo la terminal cuando estuvo administrada por la Provincia es innegable.

Sin remontarse tantos años atrás, en los pocos meses que lleva la terminal nueva en manos estatales, las escaleras mecánicas presentan inconvenientes periódicamente y hasta hubo una muerte de una mujer por falta de servicio de emergencias médicas en el edificio, más allá de las falencias que tiene la construcción.

Por eso, si se tiene en cuenta la sequía de recursos que afronta la Provincia por los 1.900 millones de pesos que le debe la Nación para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones y por obras, resultaría difícil de entender que el Estado asuma una responsabilidad más, que puede delegar a los privados.

Aunque la postergación de la licitación abre interrogantes, bienvenida sea si es para hacerla más transparente, con reglas de juego claras. Y que se quede con la concesión el mejor oferente.