Tragedia de Once: piden juicio oral para Jaime, Schiavi y los demás imputados

El fiscal federal Federico Delgado pidió hoy el juicio oral y público para todos los imputados por la tragedia de Once, entre ellos los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.

Delgado atribuyó a los exfuncionarios la calidad de "cómplices", a raíz de las omisiones en el control del destino de los subsidios estatales para el funcionamiento de los trenes.

La acusación alcanza también a los extitulares de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte Pedro Ochoa y Antonio Sícaro y al exsubsecretario de Transporte ferroviario Antonio Luna, además de los hermanos Cirigliano y el maquinista Marcos Córdoba, por la tragedia que el 22 de febrero de 2012 causó la muerte de 51 personas y heridas a más de 700.

"Los hechos son fuertes, las pruebas sólidas, la instrucción fue impecable. El juicio, por tanto, debería fluir hacia la aspiración del preámbulo de la Constitución Nacional resumido en la fórmula \'afianzar la justicia\'", sostuvo el fiscal, quien presentó la requisitoria de juicio 48 horas antes de que se vencieran los plazos procesales.

"El Estado para inyectar fondos (subsidios a TBA) tenía que cumplir algunos pasos previstos en el contrato. Los funcionarios, privilegiando los intereses del concesionario, se limitan a llenar papeles para que formalmente los pasos parecieran cumplidos y así permitir los desembolsos", sostiene el dictamen.

Según el fiscal, la tragedia no se produjo antes sólo por una cuestión fortuita, pues la circulación del tren estuvo "siempre abrazada a los vientos de la fortuna que el 22 de febrero cambiaron de dirección".

Calificación. A lo largo de 28 páginas, Delgado sostuvo la calificación de "estrago culposo y administración fraudulenta" en perjuicio del Estado, que fijó la Cámara al confirmar el 11 de enero pasado parcialmente el fallo del juez Claudio Bonadio.

El dictamen revela un dato hasta ahora poco difundido: en siete años, de 2003 a 2010, fluyeron fondos estatales hacia la concesionaria del tren siniestrado por casi dos mil millones de pesos.

Con una prosa rayana en lo literario más que en lo jurídico, el fiscal describió que "los trenes perdían sus prendas y nadie los arropaba, quien debía arroparlo no invertía ni arreglaba nada ¿por qué? Por la connivencia de quienes debían custodiar la integridad del armario y su contenido que miraban para otra parte".

Los Cirigliano y el directorio de Trenes de Buenos Aires (TBA) "al apropiarse de los fondos que el Estado destinó para mejorar el servicio, dejaron a un lado el contrato, se olvidaron del servicio, no invirtieron".

"La situación se asemejaba a una bomba que podía explotar en cualquier momento… TBA era el concesionario del tren y la CNRT debía controlarlo, pero había alguien por encima de ellos: la secretaría de Transporte que debía aplicar e interpretar el contrato de concesión", añadió.

En cuanto al motorman Córdoba, el fiscal consideró que "admitió la materialidad del hecho que trajo aparejada la violación del deber de cuidado que lo envolvía como conductor".