Represión en Córdoba: qué dicen los archivos ya desclasificados por EE.UU.
Obama anunció la apertura de archivos de la CIA y el FBI sobre el golpe militar de 1976 en Argentina. Una parte ya fue hecha pública en 2002. Qué decían de Menéndez, el penal de San Martín o los desaparecidos.
En agosto de 2002, el gobierno de Estados Unidos desclasificó cuatro mil documentos relacionados con la dictadura argentina entre 1976 y 1983. Se trataba de las comunicaciones realizadas en ese período entre la embajada en este país y el Departamento de Estado en Washington.
En ese momento, el presidente George Bush negó el pedido del Departamento de Estado de desclasificar también los archivos del Pentágono y de la CIA. Algo que ahora Barack Obama permitiría, al anunciarlo durante su visita a la Argentina.
De todos modos, aquellos documentos ya confirmaban lo que se presumió siempre: que la administración estadounidense estaba muy al tanto de las listas de desaparecidos, estructura y modus operandi de los aparatos de seguridad e inteligencia, torturas en centros clandestinos y funcionamiento del plan Cóndor.
También se hacía evidente que EE.UU. veía con buenos ojos al régimen militar que realizó el golpe de 1976, al menos hasta que James Carter asumió la presidencia –en 1977- y emprendió una política distinta de derechos humanos, con una presión más severa sobre la dictadura.
Los 4577 documentos desclasificados se hicieron públicos luego de un trabajo de dos años entre el National Security Archive y el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels). Mucho de ellos tienen que ver con la actividad criminal que se llevó a cabo en aquellos años en Córdoba. En especial, en la órbita del Tercer Cuerpo de Ejército comandado por Luciano Benjamín Menéndez, condenado por crímenes de lesa humanidad.
Parte del informe fue traducido y publicado por La Voz el 25 de agosto de 2002, y se pueden comprobar nombres de cordobeses detenidos y/o desaparecidos, o información de casos paradigmáticos.
Algunos detalles de lo que allí se revelaba:
Crueldad medieval
En agosto de 1978, la Liga Antidifamación de B’nai Brith envió una carta al embajador comentando que a los prisioneros en Córdoba y otras ciudades bajo la jurisdicción del general Menéndez no se les permitían visitas –salvo una vez al año, para Navidad– ni enviar o recibir correspondencia. “Porque estas regulaciones demuestran una crueldad medieval, le solicito verificar esta situación y hacer lo que esté a su alcance para mejorarla”, señalaban. Y se describían las condiciones en el pabellón tres de la Penitenciaría de Córdoba: “Permanente confinamiento en celdas, con 23 horas de inactividad”; “no se permite correspondencia”; “no se puede recibir alimento”, “está prohibida la lectura, excepto la del Nuevo Testamento”; “constantes castigos físicos y verbales”; o “insuficiente asistencia médica”.
El túnel
El 31 de julio de 1976, un memo urgente de la Secretaría de Estado, firmado por Henry Kissinger, señalaba: “El Consejo Nacional de Iglesias reveló que las autoridades prepararon un túnel en la penitenciaría de Córdoba, en barrio San Martín. Dicen que el propósito es justificar el asesinato de presos este fin de semana, con el pretexto de un intento de fuga...”.
“Renombrado militar”
Uno de los archivos relata la visita a Córdoba del embajador norteamericano en Argentina, Raúl Castro, en junio de 1978. Se describe a la ciudad como “estrechamente vinculada con un pasado terrorista”. A Menéndez se lo menciona como un “renombrado militar de línea dura”.
Pregunta no bienvenida
La visita del embajador siguió con la visita a los cinco miembros del Tribunal Superior de Córdoba: “El embajador expresó su interés por la falta de salida legal para los prisioneros bajo la órbita del PEN (Poder Ejecutivo Nacional). Ello puso a los jueces a la defensiva y resultó obvio que la pregunta no era bienvenida”, dice uno de los comunicados.
“Cuando el grupo de la embajada dejaba el Tribunal Superior, un empleado judicial dijo, sarcásticamente, que el único logro de ese cuerpo judicial había sido otorgar un permiso para el funcionamiento de una verdulería en el lobby”, finaliza el relato. En noviembre de 1978, el Tribunal Superior de Córdoba estaba conformado por Osvaldo Tarditti (presidente), Marcelo Espinosa, José M. Alvarez, Víctor Reinaldi y José Víctor Mehan.
Caso paradigmático
El caso de Liliana Vogler ocupa un espacio destacado entre los documentos. En julio de 1978 se transcribe un informe de Amnesty Internacional Estados Unidos a la Cámara de Representantes, que relata la historia de la estudiante de 17 años, detenida en 1975 en su hogar de Río Cuarto. La joven fue torturada sádicamente por la Policía provincial y obligada a confesar que ella y dos amigos estaban envueltos en actividades políticas y que poseían literatura subversiva. Fue amenazada de muerte si no confirmaba la declaración ante el juez federal. El documento menciona una nota de La Voz del Interior, de octubre de 1975, difundiendo las denuncias de sus familiares.
Liliana fue sentenciada a nueve años de prisión en marzo de 1978. Ningún abogado quiso tomar el caso, por lo que actuó un defensor oficial.
El 19 de junio de 1978, el embajador Raúl Castro comunicó al Congreso norteamericano su gran decepción al enterarse de que la Corte Federal de Apelaciones de Córdoba “confirmó la sentencia contra Vogler”, que luego fue trasladada a la cárcel de Devoto, en Buenos Aires. Cumplió seis años de condena, fue liberada y vive en Buenos Aires.
Primero no, después sí
Los documentos muestran el cambio de la política exterior estadounidense antes y después de 1977.
Cinco días después del golpe, por ejemplo, el embajador Robert Hill envió a Washington un documento en el que decía: “El golpe de Estado (…) puede ser juzgado como moderado… No fuimos acusados de estar detrás de este golpe y la embajada espera que continúe siendo así… Los mejores intereses para Argentina y para nosotros mismos descansan en el éxito de este gobierno moderado del general Videla… que nos prometió resolver varios de nuestros problemas de inversiones (Exxon, Chase Manhattan, Estándar electric y otras…)”.
Esto contrasta, por ejemplo, con un informe enviado en 1980 por la Wola (Washington Office of Latin America) al Departamento de Estado, en el que describe que lo sucedido en 1976 no fue una era violación a los derechos humanos: “Es un miniholocausto, perpetrado por los militares argentinos contra sus ciudadanos”.
