Reclamos de policías retirados por diferencias de haberes jubilatorios

El acuerdo salarial que puso fin a la resonante crisis policial de fines de 2013 sigue teniendo efectos colaterales. El "blanqueo" del incremento, que se produjo en febrero del año pasado, provocó un sustancial aumento en los ingresos de los agentes en actividad, pero no se tradujo de la misma manera entre los retirados y jubilados del sector."Hay policías que, después de aportar 22 ó 25 años, están cobrando seis mil a siete mil pesos, mientras que con el activo, en las mismas condiciones de antigüedad y grado, hay una diferencia de hasta nueve mil pesos", lamentó el exsubjefe de la fuerza, comisario general retirado Carlos Galbucera.Su testimonio no es uno más. Hay un fuerte simbolismo que fluye de quien fue un protagonista ineludible en aquellas jornadas del 3 y 4 de diciembre.Galbucera secundaba al exjefe de la Policía, César Almada, cuando se produjo el conflicto que desencadenó la crisis más grave que le tocó enfrentar a la actual gestión del gobernador José Manuel de la Sota.Y aunque el reclamo por la diferencia de haberes no lo afecta, sostiene que quiere evitar que se geste un nuevo malestar. "Mucha gente vino a verme por este inconveniente. No pertenezco a ningún gremio ni agrupación. Vengo de motu propio (...) Quiero inmiscuirme en esto porque pasa el tiempo y nadie sabe que hay alguien bregando por ellos. A mí, como exsubjefe de Policía, me duele", explicó.El reclamo, incluso, ya motivó la presentación de recursos de amparo, algunos de los cuales fueron rechazados, mientras que en la mayoría todavía no hubo fallo. Se calcula que hay alrededor de 20 presentaciones, de tipo colectivo, que involucran a unas 650 personas."Y habrá miles cuando llegue agosto y les vuelvan a pagar un porcentaje menor", vaticinó el abogado Miguel Ortiz Pellegrini, el mismo que en el fragor del conflicto representó a los policías que promovieron el reclamo en 2013.Ese letrado patrocina varios recursos, mientras que el resto fue vehiculizado por el estudio Olmedo Príncipe, según reconoció la Caja de Jubilaciones. El planteo Ortiz Pellegrini apunta a un decreto que, según su razonamiento, modificó la ley previsional y alteró el cálculo de la liquidación de aumentos de haberes para los pasivos de la Policía y el Servicio Penitenciario. "El problema se genera a partir de los aumentos que se otorgaron en diciembre de 2013. Allí hubo un salto. A partir de febrero suben los salarios de los activos y los pasivos esperaban que, en la misma proporción, como manda la ley, se reflejara en agosto. Esa situación no se produjo porque el gobernador, por el decreto 194, fijó, para todo el mundo, 21,99 por ciento de suba", explicó.El 10 de diciembre de 2014, ese decreto (firmado el 27 de febrero del año pasado) terminó incorporado a la ley Nº 10.249, una especie de norma ómnibus que, en su mayoría, abarca cambios tributarios."Ahora hay otro decreto nuevo, que dispone una suba de 34 por ciento, con el que se repite el mismo error. En los hechos, se está modificando la ley (previsional) por decreto", sostuvo Ortiz Pellegrini.El abogado cree que se está generando "una sensación de frustración en todos los jubilados, porque esta modificación del sistema implica una disminución de los haberes". Defensa Para la Caja de Jubilaciones, en cambio, no se ha violado el denominado "núcleo duro" del régimen de Seguridad, argumento que usó en los casos en los que ya le tocó responder. Todas las causas se tramitan en el Juzgado Civil y Comercial de 37º Nominación, a cargo de Román Abellaneda. El organismo previsional aseguró que ese magistrado ya se expidió en dos amparos de tipo colectivo (los casos Fuentes y Billar), en los que rechazó las presentaciones.Los demandantes, que apelaron la sentencia, plantean la inconstitucionalidad de los decretos 194 y 950 de 2014.El primero fue el que incrementó el importe por uniformes y creó un adicional por dedicación exclusiva para los activos de 3.325 pesos. El segundo habilitó a los retirados a seguir trabajando de manera formal sin recorte de haberes.En los casos que lleva adelante Ortiz Pellegrini, en cambio, se apunta a la supuesta inconstitucionalidad del decreto 194.Mariano Méndez, al frente del área de Asuntos Legales de la Caja, remarcó que no se afecta el 85 por ciento móvil, ya que en el cálculo previsional no se consideran los "no remunerativos que no sean un incremento genérico". Por lo tanto, no se computan los adicionales por uniforme y por dedicación exclusiva, ya que son inherentes a la función de los activos y no se replica para los pasivos.Si bien la vía judicial está activa, Galbucera considera que debería abrirse una instancia de diálogo para encauzar el malestar.

Abogado. Miguel Ortiz Pellegrini, representante legal de los policías retirados, sostuvo que los reclamos previsionales están conformando "una olla a presión" en ese sector y que la situación necesita "una válvula de escape". "El 3 de diciembre de 2014 hubo un reclamo salarial, que vino con un preludio de situaciones insostenibles. Se llegó al límite. Ahora las partes deben evitar llegar a situaciones límite", dijo el letrado, que también ofició de intermediario en aquella oportunidad del amotinamiento policial.