Promueven acción penal contra ex funcionarios judiciales de la dictadura

El fiscal federal Carlos Gonella, juntamente con su par subrogante de Villa María, Carlos Trotta, promovieron una acción penal contra ex funcionarios de la Justicia Federal de Córdoba que actuaron durante la última dictadura, al considerarlos "partícipes" de un plan sistemático de exterminio.La presentación realizada ante el Juzgado Federal 2 de Córdoba, recayó sobre Carlos Otero Álvarez, ex vocal del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1; Ricardo Haro, ex vocal de la Cámara Federal de Apelaciones, y Luís Eduardo Molina, ex defensor oficial ante los tribunales federales de primera y segunda instancia.Asimismo, solicitaron la ampliación de la promoción de acción contra Miguel Ángel Puga, ex juez federal 2 de Córdoba, y Antonio Sebastián Cornejo, ex Procurador Fiscal Federal 1.Precisiones. Respecto de Puga, Gonella y Trotta provieron la acción penal por los delitos de "abuso de autoridad concursados realmente en calidad de autor; en concurso ideal con los delitos de homicidio calificado y aplicación de tormentos, concursados realmente y en calidad de cómplice secundario".En cuanto a Cornejo, se le solicitó la ampliación de la promoción de acción penal por los delitos de "incumplimiento de la obligación de promover la persecución penal, concursados realmente en calidad de autor; en concurso ideal con los delitos de homicidio calificado y aplicación de tormentos, concursados realmente y en calidad de cómplice secundario".En el caso de Haro, la promoción de acción penal es por los delitos de "encubrimiento; abuso de autoridad, concursados realmente y en calidad de autor; en concurso ideal con los delitos de aplicación de tormentos; abuso deshonesto y violación concursados realmente entre sí y en calidad de cómplice secundario".Respecto de Molina, la presentación fue realizada por los delitos de encubrimiento; abuso de autoridad, concursados realmente y en calidad de autor; en concurso ideal con el delito homicidio calificado en calidad de cómplice secundario".Finalmente en relación a Otero Álvarez, la promoción de acción penal es por los delitos de "encubrimiento; abuso de autoridad; omisión o retardo de dar cuenta a la autoridad competente de una detención ilegal, en calidad de autor; en concurso ideal con los delitos de aplicación de tormentos; homicidio calificado; privación ilegítima de la libertad; allanamiento ilegal; violación; abuso deshonesto y aborto".Al fundamentar la presentación, los fiscales consideraron que los ex funcionarios judiciales acusados, "formaron parte del plan sistemático de exterminio implementado por el gobierno de facto, adaptándose al mismo, incluso antes del 24 de marzo de 1976, durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón".Asimismo indicaron que de los hechos registrados surge que los acusados "también tomaron conocimiento de homicidios cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad en contra de detenidos a disposición de los mismos por su rol".En ese sentido precisaron que estos "estos homicidios calificados, además de encontrarse tipificados por el artículo 80.2 y 4 del Código Penal, se enmarcan dentro del plan sistemático criminal de eliminación llevado a cabo a través del Estado, antes y durante el denominado \'Proceso de Reorganización Nacional´".Tras destacar que los ex funcionarios acusados tomaron "efectivo conocimiento" de los homicidios cometidos contra detenidos por razones políticas a disposición de la justicia federal de Córdoba, "en algunos casos por medios periodísticos, en otros por comunicados oficiales provenientes del Ejército, en ningún momento se solicitó o inició investigaciones para indagar las causas de dichos fallecimientos".Acusación. Gonella y Trotta señalan también que "los magistrados y funcionarios cuyas responsabilidades penales aquí se investigan, tal como ya se ha expresado, infringieron los deberes a su cargo".En ese sentido destacan finalmente que estos deberes, "en caso de haberse cumplido satisfactoriamente, hubieran manifestado la existencia de un control judicial sobre la actividad del aparato represivo que expresara intolerancia con el delito. Ello, sin embargo, no fue lo que ocurrió: la tolerancia parece haber sido la regla".